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Las denuncias sobre la Unidad de Víctimas que publicó este fin de semana Colombia+20 de El Espectador deberían ser respondidas con una investigación eficiente por parte de la Casa de Nariño. Sumadas a las publicaciones que el año pasado hicieron El País de España y la revista Semana, dan cuenta de indicios del uso de una entidad esencial para Colombia como fortín burocrático conectado con los senadores Jairo Castellanos y Gustavo Moreno, el aspirante a la Cámara, Erwin Jiménez, y el exalcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach. Aunque todos los involucrados han negado tener participación en lo que ocurre o han preferido guardar silencio, las fuentes reservadas que se citaron en este diario cuentan otra historia.
El jueves de la semana pasada, Adith Romero fue despedido como director de la Unidad para la Reparación Integral de las Víctimas. Con eso terminaron meses de un mandato polémico, no solo por su falta de credenciales para estar a la cabeza de una entidad tan importante para los derechos humanos, sino porque su periodo coincidió con un aumento desmedido en la contratación. Aunque la Casa de Nariño no ha anunciado aún su reemplazo, todos los reflectores necesitan posarse sobre el proceso de selección, pues hay riesgo de que se siga utilizando inadecuadamente la Unidad.
Una de las fuentes que menciona Colombia+20 en su informe, cuyo nombre nos reservamos para proteger su identidad, fue clara en dar un diagnóstico doloroso: “No hay plata para los servicios de funcionamiento y misionalidad porque todo lo cogieron para prestaciones de servicios de un montón de gente. Quieren comprar votos, quieren hacer campañas. Están cogiendo unos proyectos específicos que tienen que ver con la misionalidad de la entidad o los proyectos que tiene cada dependencia, y de ahí estaban sacando plata para esos contratos”.
El objetivo, según los testimonios que conoció este diario, es impulsar las campañas políticas en curso. Como dijo una fuente: “Desde el director, Adith Romero; el subdirector, Freddy Quintero, y los coordinadores, se han impartido órdenes de que deben presentar listas con nombre, cédula, dirección y teléfono y que deben votar por el senador Moreno (...). Incluso el coordinador de Talento Humano, Wadi Romano, en reunión a puerta cerrada y sin celulares, les ordenó votar por Moreno”.
Como mencionamos, los involucrados negaron interés en los contratos de la entidad. Hay, no obstante, indicios preocupantes. A pesar del despido de Romero, hasta el viernes pasado se cargaron al Secop II 48 contratos adjudicados con la Unidad para la Reparación de las Víctimas; entre ellos, una contratación directa durante un año por cerca de 71.000 millones de pesos, lo que coincidió con una fuente que le dijo a este diario que los tienen “corriendo” para vincular personas cercanas a los políticos mencionados. Adicionalmente, solo en los primeros 21 días de enero se vincularon 442 personas por contratos de prestación de servicios. También hay dudas sobre el Fondo para la Reparación a Víctimas (FRV), que en 2025 tuvo contratos por 9.200 millones de pesos; este año le habían calculado un presupuesto de 11.300 millones de pesos, pero ahora dice necesitar 22.500 millones en pleno año electoral.
La Ley de Garantías está diseñada para evitar que los recursos públicos se utilicen para aceitar candidaturas al Congreso y a la Presidencia. La investigación de Colombia+20 muestra que dentro de la Unidad han visto con terror el aumento de la planta y la falta de transparencia. El Gobierno Petro necesita contarle al país qué ocurrió, y tomar una decisión responsable sobre la dirección de la entidad para los meses de mandato que le quedan.
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