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Unas garantías bancarias falsificadas, un anticipo de $70.243 millones que en su mayoría salió del país, una solicitud de caducidad, un contrato incumplido, un contratista diciendo que ha sido traicionado en su buena fe, una interventoría que parece no haber hecho su trabajo y un Ministerio en medio de una crisis enorme entrando al último año de la administración del presidente Iván Duque. Ese es el resumen de lo ocurrido con la Unión Temporal Centros Poblados, escándalo que tiene en el ojo del huracán al Gobierno. Lo fundamental y urgente es recuperar el dinero y entender qué ocurrió; después de eso, las responsabilidades penales y políticas tendrán que ser contundentes.
¿Por qué cuando se habla de corrupción a menudo salen afectados los niños, niñas y adolescentes del país? A la larga lista de escándalos, investigaciones y francas canalladas se suma ahora un contrato del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Su objetivo era conectar a internet 10.000 sitios, principalmente escuelas rurales, durante por lo menos diez años con una inversión de $2,1 billones. La mitad del contrato fue asignado a la empresa Claro, que ha venido cumpliendo. Pero $1,07 billones fueron pactados con Centros Poblados para conectar 7.277 centros durante 11,5 años. Sin embargo, verificando un incumplimiento en los tiempos pactados, el Ministerio descubrió un problema mucho mayor: se encontró con una falsificación.
Hasta ahora sabemos que el Banco Itaú dijo que la garantía bancaria presentada por Centros Poblados era fraudulenta. Hablando con El Espectador, un representante dijo: “Las garantías en mención son falsas y en ningún caso han sido emitidas por el banco. Itaú ha puesto en conocimiento de las autoridades la falsificación de los documentos”. Por esta razón, el Mintic pidió la caducidad del contrato.
La pregunta obvia y necesaria es por qué nadie se dio cuenta de algo tan sencillo. Bastaba con llamar al banco para darse cuenta de la falsedad. Más en un contrato tan importante para el país y para los planes del Ministerio y del gobierno Duque. Por estos hechos se han anunciado acciones legales contra la interventora del contrato, el consorcio PC2020 Centros Digitales, que aprobó el desembolso anticipado de $70.243 millones, un 7 % del valor total pactado, a pesar de que había documentos cuestionables.
La ministra Karen Abudinen dijo: “No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”. También anunció que se estaba haciendo lo posible por obtener el anticipo consignado. No obstante, hay un problema: $58.000 millones están en Delaware, Estados Unidos.
Mientras todo esto ocurre, el plan de inversión para mejorar el acceso a internet queda en pausa, afectando varios municipios del país y dejando a los niños, niñas y adolescentes en zonas rurales sin un apoyo clave. Es necesario recuperar el dinero, pero el tema no termina ahí. ¿Por qué se contrató con una unión temporal sin experiencia? ¿Cómo no se dieron cuenta de las garantías falsificadas? ¿Quién responde penal y políticamente por lo ocurrido?
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