Reapareció el horror en Medellín. Quizá lo más preciso es decir que se evidenció, pues lastimosamente los hechos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes son una ocurrencia muy común en Colombia. Con cifras de 2019 de Medicina Legal, se estimaba que diariamente son violadas cerca de 55 niñas y cada tres días una es asesinada. Eso solo aumentó con la pandemia y los confinamientos, ante delitos que viven en la impunidad. Ahora, esta semana supimos del terrible caso de 14 niñas y niños en un centro infantil de la capital antioqueña.
Los hechos ocurrieron en el Centro Infantil Pequeños Exploradores B, ubicado en el barrio Santa Cruz, en la comuna 2. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Medellín, 14 niñas y niños habrían sido víctimas de violencia sexual allí. En un comunicado, la Alcaldía dijo que “el presunto abusador desempeñaba las funciones de auxiliar de nutrición y es contratista de la entidad prestadora del servicio de atención integral que opera la sede en mención. A la fecha, está suspendido de actividades que le permitan tener algún contacto con los niños y las niñas, en tanto avanza la investigación de las autoridades competentes”. Por su parte, Liliana Pulido, directora (e) del ICBF, dijo que “el Instituto apoyará irrestrictamente las acciones emprendidas por las autoridades para que se esclarezcan los hechos”.
Así debe ser. Pero las preguntas no empiezan ni terminan únicamente en el victimario. Una de las madres de las víctimas, hablando con Blu Radio, lanzó varias denuncias angustiantes. “El hogar no había dicho nada y seguía funcionando. La mayoría de los papás no sabíamos. Incluso hubo una reunión a la que tuvimos que protestar para entrar y fue cuando nos enteramos”. También contó que “cuando él llegó a trabajar al jardín nos dijeron que era en manipulación de alimentos, pero hablando con los niños nos enteramos de que él los ayudaba a ir al baño, los invitaba a jugar o los recibía en el ingreso. Hay niños a los que se les ha mostrado la foto del señor y estos se han alterado”.
¿Cómo ocurrió algo así? ¿Por qué un funcionario tuvo ese nivel de acceso a niñas y niños? ¿Por qué la maestra encargada no denunció? ¿Qué falló en el sistema para que algo así ocurriera? ¿Entró en juego la falta de recursos y vigilancia?
Cada que ocurre una tragedia de estas, después del horror viene la frustración. Pedimos, por supuesto, que las autoridades lleven al responsable a la justicia. Pero incluso en un país con la rimbombante e inútil cadena perpetua estamos lejos de prevenir la violencia sexual. La triste realidad es que solo vemos la punta del iceberg con estos casos que salen a la luz. Los demás quedan enterrados en medio de la complicidad del silencio, la falta de oportunidades de denuncia y la terrible impunidad fomentada por un circuito de judicial colapsado.
Exigimos justicia, por supuesto. Y reparación a las víctimas, con énfasis en su salud mental. Pero el problema de fondo persiste y el liderazgo político, a escalas nacional y local, no parece tener respuestas.
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