Una de las propuestas de campaña del Pacto Histórico al Congreso y luego de Gustavo Petro a la Presidencia era erradicar el hambre en el país. Una misión por supuesto loable y necesaria, después de años de escándalos por corrupción en el suministro de alimentos a los niños, niñas y adolescentes, y por las muertes causadas por desnutrición. Sin embargo, en una decisión que no ha dejado de causar polémica y levantar suspicacias, el presidente le entregó la dirección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a Concepción Baracaldo, quien no tiene experiencia en el sector y ha sido considerada una ficha de la primera dama, Verónica Alcocer. Ahora que el mismo Gobierno reconoce que ha fracasado en evitar tragedias por desnutrición, ¿quién responde políticamente?
El presidente Petro, desde La Guajira, se lamentó por la muerte de 20 niños wayuus por desnutrición y fue claro: “Es un fracaso que en el Gobierno se hayan muerto 20 niños por desnutrición. ¿De qué potencia mundial de la vida estamos hablando? Es una mentira. El hecho de que venga por tercera vez en cuatro meses significa que estamos fallando, no que vamos bien. Si nos fuera bien no vendría tanto, pero estamos fallando”. Es bienvenida la autocrítica y la franqueza, por supuesto, pero no es suficiente ante la crisis que se evidencia.
El Gobierno tiene que tomar decisiones. La dirección de Baracaldo en el ICBF ha estado enmarcada en escándalos, denuncias de amiguismo e incompetencia en el cumplimiento de sus funciones. Como dijo la representante a la Cámara Katherine Miranda, de la Alianza Verde y quien citó a la directora a rendir cuentas en el Congreso, “no puede ser posible que, desde que fue nombrada en septiembre, la entidad se ha visto envuelta en muchísimas suspicacias en cuanto a la idoneidad en el cargo, la ejecución de los programas de la infancia y la corrupción en la contratación”. Lo propio dijo Ángela María Robledo, una de las principales críticas de la elección de Baracaldo: “Empezamos a ir hacia el abismo, presidente Petro, cuando usted nombró a una persona que no sabe dónde está parada”.
Si Colombia no tiene una entidad fuerte que proteja a niños, niñas y adolescentes, las promesas del presidente Petro sobre combatir el hambre, la desigualdad y asegurar el acceso a derechos básicos en las poblaciones más vulnerables se quedarán cortas. No solo es necesario que el ICBF explique lo que está ocurriendo, sino que dé cuenta de cuál es su plan para los próximos años ante la infancia y la adolescencia, en coordinación con el Ministerio de Educación y el Estado en general.
También es necesario que haya responsabilidad política. ¿Quién responde por los niños que han fallecido? ¿Quién, además, explica los nombramientos poco idóneos? ¿Cuánto tiempo más necesita el Gobierno para ajustar el “fracaso” del que habla el presidente? Es cierto que este problema viene de antes, que es una herencia perversa en un país que no para de fallarle a la primera infancia, pero nada de eso es excusa para no reaccionar ante la crisis.
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