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En plena pandemia y en vísperas del estallido social que sacudiría a Bogotá, los policías del CAI San Mateo, en Soacha, decidieron cruzarse de brazos mientras una celda hacinada ardía en llamas. El resultado fueron nueve personas muertas y otras heridas de gravedad. El discurso oficial, desde la Policía de Bogotá y el Ministerio de Defensa del gobierno de Iván Duque, fue que el fuego lo provocaron las personas privadas de la libertad y que no se pudo hacer nada; pero los relatos que se han conocido desde entonces, respaldados por la Procuraduría y la Fiscalía, muestran que hubo dolosa negligencia en el actuar de las autoridades. Sin embargo, no tenemos sentencia condenatoria. Cuatro años después, con el vencimiento de términos en la mira, las familias de las víctimas piden una pizca de justicia.
Partamos de un principio básico: cuando una persona, cualquier persona, es retenida por las autoridades, pasa a ser responsabilidad del Estado. No importa la gravedad de sus delitos ni sus malos comportamientos, su seguridad y bienestar es responsabilidad de quienes ejercen poder sobre ella. Así que, incluso si es cierto que el incendio fue causado por las mismas personas del CAI, no se explica cómo tuvieron acceso al material para causarlo y mucho menos que la Policía no haya sido capaz de abrir una puerta para evitar la tragedia.
Ahora sabemos que lo ocurrido es mucho más cruel. Uno de los sobrevivientes lo dijo en estos términos: “Me arrinconé, empecé a sentir que me estaba quemando las piernas. Le gritamos al custodio que nos abriera, que nos estábamos quemando y la respuesta de él fue: ‘Pues quémense’, mostrando las llaves”. Su relato ha sido corroborado con grabaciones y testimonios. Carolina Ordóñez, madre de una de las víctimas, contó: “Tomé una manguera, pero, como quedó grabado en un video, un policía me la quitó y me empujó. Junto a otros familiares quebramos una de las ventanas, pero lastimosamente el agua que salía era poca”. Sumando a las pruebas, quien finalmente abrió la celda fue un uniformado que no hacía parte del CAI y logró hacerlo en solo cinco minutos.
Estamos, entonces, ante un acto deliberado de violencia. Por esto, en el 2021, la Procuraduría destituyó e inhabilitó a los uniformados Aleida del Pilar González Quiroz y Jorge Eliécer Suárez Orduz. Por su parte, la Fiscalía dice que tiene suficientes pruebas para conseguir la condena de los policías por los delitos de homicidio agravado por omisión y tentativa de homicidio agravado, ambos cargos a título de dolo. No obstante, en ese proceso, la noticia más reciente es que la prisión preventiva se tuvo que levantar por vencimiento de términos. Han pasado cuatro años y la justicia paquidérmica no sido incapaz de tomar una decisión.
Como ha ocurrido con los múltiples procesos relacionados con abusos policiales en los estallidos sociales, la impunidad es un acto de complicidad del Estado colombiano con la violencia y la traición a la ciudadanía. Eso es inaceptable. El dolor de las víctimas no puede enfrentarse a tribunales donde no hay respuestas, sino trampas jurídicas y leguleyadas que nos alejan de conocer la responsabilidad. Nos unimos al clamor de justicia por las víctimas del CAI San Mateo. Es lo mínimo que el Estado puede hacer.
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