¿Quién manda aquí?

 ¿La razón? Una dudosa “participación en política” que, a ojo de Alejandro Ordóñez, en que el exalcalde había incurrido cuando se quejó a través de su cuenta en Twitter por la supuesta intervención de grupos criminales en la campaña del entonces candidato Luis Pérez.

Salazar no había entrado a favorecer una colectividad en específico, que es el espíritu real que persigue la norma que supuestamente incumplió: estaba, por el contrario, previniendo a la ciudadanía, denunciando lo que a su juicio era una violación a los valores democráticos. Un delito, nada menos. La Procuraduría vio otra cosa y lo sancionó de manera drástica y a su capricho, calificando las culpas en las que había incurrido, dando lugar finalmente a una desproporcionada inhabilidad para ejercer cargos públicos que duraría 12 años. Esto es, a grandes rasgos, lo que dijimos en este espacio cuando supimos de la noticia.

Hoy el panorama cambia. Aunque no tanto. El Consejo de Estado decidió revocar el fallo de la Procuraduría devolviéndole los derechos políticos al exalcalde. Por giros como estos, que el mismo sistema democrático prevé para resolver las cosas, es que confiamos en que las instituciones puedan poner freno a actuaciones que lucen injustas o desproporcionadas desde una interpretación amplia del derecho, como la nuestra. Ilusos, nosotros, pues en seguida nos enteramos de que el procurador Ordóñez ha radicado una demanda de nulidad ante el mismo Consejo de Estado que emitió el fallo. No le gustó mucho la decisión.

Y lo hizo muy poco tiempo después de que había dicho que iba a recibir cualquier decisión sin ningún dramatismo. No sólo eso, sino que, con toda la novela judicial que vivimos en la ciudad de Bogotá por cuenta de la destitución del exalcalde Gustavo Petro, pensábamos que, en efecto, era el Consejo de Estado el que cerraba esta cuestión de los actos administrativos de la Procuraduría.

Pues no. A juicio del procurador, el Consejo de Estado no es competente para tomar estas decisiones. Una cosa muy distinta, por supuesto, dice el mismo tribunal en su sentencia, con ponencia del consejero Gustavo Gómez Aranguren: “el juez disciplinario tiene la competencia para reemplazar las decisiones de la administración para efectos de restablecimiento del derecho”.

Pero, mucho más allá de todos estos elementos leguleyos que pretenden estirar la ley hasta donde dé, preferimos irnos al elemento de fondo: de acuerdo con la corporación, hubo una desproporción entre los hechos sujetos a discusión y el fallo de la Procuraduría. Una desproporción visible si nos atenemos a los hechos que enunciamos al principio. Un freno era necesario. Y ahora, en vez de enfrascarse en peleas por una cuestión de honor y orgullo, el país debería seguir la sorprendente sugerencia que hizo Ordóñez hace unos días: plantear un cambio en esa Procuraduría desbordada, inquisitoria, que no contempla una verdadera doble instancia y que va calificando culpas de conductas muy amplias enunciadas en un código que debería ser mucho más preciso.

¿O quién manda?, nos preguntamos. ¿Seguimos en este inútil círculo vicioso o nos metemos a construir una institucionalidad más respetable? Esperamos lo segundo. Y celebramos, por supuesto, el fallo del Consejo de Estado.