Quo vadis, Cataluña?

El lunes anterior el Parlamento de Cataluña aprobó una controvertida decisión que da vía libre al proceso independentista. Es este un paso más en la equivocada carrera de los nacionalistas catalanes por su separación definitiva de España. A pesar de los válidos reclamos, que pueden ser resueltos de otra manera, los partidos separatistas han optado por desconocer la Constitución y saltar al vacío. El choque de trenes, en cámara lenta, ya es una realidad. El futuro es incierto.

Los dos principales partidos nacionalistas, Junts pel Sí y la CUP, lograron adoptar la resolución que ha levantado la polémica por 72 votos contra 63. En ella llaman a desconocer al Tribunal Constitucional español y conminan a la Generalitat, el gobierno regional, a obedecer tan sólo las disposiciones que sean aprobadas por la Cámara Autonómica, desconociendo la Constitución de 1978. Esa es la realidad y la gravedad de la decisión adoptada. La votación mostró que dentro y fuera de la Cámara existen las mismas divisiones, a favor y en contra, que hay entre los catalanes. Es curioso cómo los dos partidos mencionados justificaron su actuación como atender una “petición mayoritaria de la sociedad”, olvidando el revés sufrido en el reciente plebiscito, cuando lograron tan sólo el 48% de los votos.

Se ha dicho que la solución requería decisiones políticas y jurídicas de fondo para atender los reclamos de los catalanes. Pero faltó la voluntad política de los partidos, entre ellos el Partido Popular (PP), en el poder, para intentar otros caminos distintos a la actual confrontación. Sin embargo, con elecciones generales para el 20 de diciembre, por el momento esta opción no tiene viabilidad. Se asiste así a la crónica de una separación anunciada y cada paso que dan los nacionalistas acerca a España al borde del abismo. No en vano los analistas comparan este hecho con el golpe de Estado de 1981, como las más graves amenazas sufridas desde el retorno a la democracia. No les falta razón.

El presidente, Mariano Rajoy, utilizó las herramientas jurídicas a mano y logró ayer que el Consejo de Estado le diera vía libre para acudir ante el Tribunal Constitucional, pues la decisión de crear un “Estado catalán independiente” contraviene la soberanía nacional que reside en el “pueblo español”. Considera, además, que el Parlamento catalán no sólo contraviene la Constitución, sino que asume una competencia que no le es propia. El Gobierno, en consecuencia, podrá iniciar a la brevedad posible una acción jurídica ante el Constitucional.

Ante esta eventualidad la Cámara Autonómica ha instado precisamente a desconocer la institucionalidad, comenzando por los eventuales fallos que profiera el Tribunal. Para el efecto han transitado su propio camino jurídico hacia la independencia para darle el tinte de legalidad que, según esperan, los legitime ante la comunidad internacional. De momento se sabe que la decisión de la Unión Europea y de otros importantes países es desconocer la creación de un nuevo Estado catalán. Creen que abrir la puerta a este tipo de situaciones, en una Europa donde el virus del nacionalismo puede generar demasiados problemas, no es lo más indicado. Este es un hecho importante que debería hacer reflexionar a los secesionistas.

Es un hecho que el Gobierno, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos españoles, se va a oponer con todos sus recursos políticos, jurídicos e institucionales al separatismo catalán. Como lo recordaba en estos días El País de España, el fiel de la balanza puede terminar siendo el rey Felipe VI, quien tiene entre sus funciones “como jefe de Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador de la política”.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El lunes anterior el Parlamento de Cataluña aprobó una controvertida decisión que da vía libre al proceso independentista. Es este un paso más en la equivocada carrera de los nacionalistas catalanes por su separación definitiva de España. A pesar de los válidos reclamos, que pueden ser resueltos de otra manera, los partidos separatistas han optado por desconocer la Constitución y saltar al vacío. El choque de trenes, en cámara lenta, ya es una realidad. El futuro es incierto.

Los dos principales partidos nacionalistas, Junts pel Sí y la CUP, lograron adoptar la resolución que ha levantado la polémica por 72 votos contra 63. En ella llaman a desconocer al Tribunal Constitucional español y conminan a la Generalitat, el gobierno regional, a obedecer tan sólo las disposiciones que sean aprobadas por la Cámara Autonómica, desconociendo la Constitución de 1978. Esa es la realidad y la gravedad de la decisión adoptada. La votación mostró que dentro y fuera de la Cámara existen las mismas divisiones, a favor y en contra, que hay entre los catalanes. Es curioso cómo los dos partidos mencionados justificaron su actuación como atender una “petición mayoritaria de la sociedad”, olvidando el revés sufrido en el reciente plebiscito, cuando lograron tan sólo el 48% de los votos.

Se ha dicho que la solución requería decisiones políticas y jurídicas de fondo para atender los reclamos de los catalanes. Pero faltó la voluntad política de los partidos, entre ellos el Partido Popular (PP), en el poder, para intentar otros caminos distintos a la actual confrontación. Sin embargo, con elecciones generales para el 20 de diciembre, por el momento esta opción no tiene viabilidad. Se asiste así a la crónica de una separación anunciada y cada paso que dan los nacionalistas acerca a España al borde del abismo. No en vano los analistas comparan este hecho con el golpe de Estado de 1981, como las más graves amenazas sufridas desde el retorno a la democracia. No les falta razón.

El presidente, Mariano Rajoy, utilizó las herramientas jurídicas a mano y logró ayer que el Consejo de Estado le diera vía libre para acudir ante el Tribunal Constitucional, pues la decisión de crear un “Estado catalán independiente” contraviene la soberanía nacional que reside en el “pueblo español”. Considera, además, que el Parlamento catalán no sólo contraviene la Constitución, sino que asume una competencia que no le es propia. El Gobierno, en consecuencia, podrá iniciar a la brevedad posible una acción jurídica ante el Constitucional.

Ante esta eventualidad la Cámara Autonómica ha instado precisamente a desconocer la institucionalidad, comenzando por los eventuales fallos que profiera el Tribunal. Para el efecto han transitado su propio camino jurídico hacia la independencia para darle el tinte de legalidad que, según esperan, los legitime ante la comunidad internacional. De momento se sabe que la decisión de la Unión Europea y de otros importantes países es desconocer la creación de un nuevo Estado catalán. Creen que abrir la puerta a este tipo de situaciones, en una Europa donde el virus del nacionalismo puede generar demasiados problemas, no es lo más indicado. Este es un hecho importante que debería hacer reflexionar a los secesionistas.

Es un hecho que el Gobierno, con el apoyo de la mayoría de los partidos políticos españoles, se va a oponer con todos sus recursos políticos, jurídicos e institucionales al separatismo catalán. Como lo recordaba en estos días El País de España, el fiel de la balanza puede terminar siendo el rey Felipe VI, quien tiene entre sus funciones “como jefe de Estado, la defensa de la unidad de España y el papel de árbitro y moderador de la política”.

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