La realidad de David
Como caminar por horas en una calle empinada cuesta arriba: ese parece ser el esfuerzo diario que le toca a Cielo Peláez por cuenta de la inoperancia del sistema de salud colombiano: su hijo David, que nació con epilepsia, parálisis cerebral, hidrocefalia, retraso global del desarrollo —a las claras una persona con una discapacidad severa—, sigue sin ser atendido por parte de la EPS Saludcoop.
El Espectador
Y no hablamos nosotros del deber prestador de salud que tiene a su cargo esta entidad: ya la cosa pasó por instancias judiciales ordenándole la atención del menor. Pero nada.
El caso (y vaya si no son pocos los de este estilo: niños que nacen con complicaciones) se inició en julio de este año, cuando Peláez supo que era resorte de la entidad brindarle a su hijo pañales desechables, pañitos húmedos, crema de benjuí, entre otras cosas, e interpuso una tutela que amparaba varios derechos fundamentales (la vida, la salud, la integridad). Ganó entonces en el papel y en el papel se quedó. Es más, a juicio de lo que le dijo ella a este diario, eso fue lo que exactamente le respondieron en una ventanilla de la entidad: “eso es un papel, no tiene ninguna validez”. El derecho en su expresión práctica más pura.
Harto más tenía por hacer el sistema jurídico, sin embargo: un incidente de desacato que terminó por favorecer, de nuevo, las intenciones de la madre. El Juzgado Cuarto Penal mandó a la cárcel por 20 días al representante legal de la EPS, el señor Guillermo Enrique Grosso Sandoval, y sancionó monetariamente a Saludcoop. Al mismo tiempo, compulsó copias a otras entidades (Fiscalía, Superintendencia de Salud) para que tomaran las medidas necesarias. Había llegado la hora de que este calvario llegara a un final un poco más prometedor.
Porque las demoras cuestan. Mucho más cuando habla uno de discapacidades físicas. Si aún no ha entendido el lector el lenguaje médico que reviste el caso, resultaría bastante fácil describir la situación cruda que vive David a diario: no habla, no camina, no puede valerse por sí mismo. Esto se traduce, por supuesto, en que su madre lo bañe, lo vista y lo cargue en sus brazos desde Perdomo Alto, Ciudad Bolívar, Bogotá, durante todo el viaje en Transmilenio, y hasta las terapias posteriores que recibe con la esperanza de mejorar su salud. A la vuelta lo mismo: una calle empinada que toca caminar cuesta arriba. Mañana y tarde en lo mismo. De lunes a viernes. ¿No merecería, entonces, una ayuda por parte de Saludcoop?
Los 28 kilos que pesa hicieron que Cielo Peláez desarrollara una hernia justo ahora, cuando está embarazada de nuevo. Poco a poco el esfuerzo que debe hacer a diario tendrá que ceder en orden de cuidar su salud propia. Preguntamos, entonces, ¿hasta cuándo la EPS no prestará la ayuda debida a este menor de edad y a su madre? Las demoras cuestan, insistimos.
Lo más paradójico de su caso es que es esta, Saludcoop, una entidad intervenida por el Estado y bajo su mando. ¿Qué es lo que debe pasar para que atienda fallos judiciales de ese mismo Estado? ¿Dónde está la incomunicación? Prontas y efectivas: la salud y la justicia. Por ahora solo palabras.
El caso de Cielo y su hijo puede sonar muy particular como para hablar en general del sistema de salud. El problema es que no es aislado: es fácil predecir que ese fallo de tutela no es el único en su clase. No los mismos hechos precisos, pero sí la misma realidad global: ¿no va siendo hora de que el Estado preste más atención a las personas con discapacidad y a quienes los cuidan en medio de varias complicaciones?
Y no hablamos nosotros del deber prestador de salud que tiene a su cargo esta entidad: ya la cosa pasó por instancias judiciales ordenándole la atención del menor. Pero nada.
El caso (y vaya si no son pocos los de este estilo: niños que nacen con complicaciones) se inició en julio de este año, cuando Peláez supo que era resorte de la entidad brindarle a su hijo pañales desechables, pañitos húmedos, crema de benjuí, entre otras cosas, e interpuso una tutela que amparaba varios derechos fundamentales (la vida, la salud, la integridad). Ganó entonces en el papel y en el papel se quedó. Es más, a juicio de lo que le dijo ella a este diario, eso fue lo que exactamente le respondieron en una ventanilla de la entidad: “eso es un papel, no tiene ninguna validez”. El derecho en su expresión práctica más pura.
Harto más tenía por hacer el sistema jurídico, sin embargo: un incidente de desacato que terminó por favorecer, de nuevo, las intenciones de la madre. El Juzgado Cuarto Penal mandó a la cárcel por 20 días al representante legal de la EPS, el señor Guillermo Enrique Grosso Sandoval, y sancionó monetariamente a Saludcoop. Al mismo tiempo, compulsó copias a otras entidades (Fiscalía, Superintendencia de Salud) para que tomaran las medidas necesarias. Había llegado la hora de que este calvario llegara a un final un poco más prometedor.
Porque las demoras cuestan. Mucho más cuando habla uno de discapacidades físicas. Si aún no ha entendido el lector el lenguaje médico que reviste el caso, resultaría bastante fácil describir la situación cruda que vive David a diario: no habla, no camina, no puede valerse por sí mismo. Esto se traduce, por supuesto, en que su madre lo bañe, lo vista y lo cargue en sus brazos desde Perdomo Alto, Ciudad Bolívar, Bogotá, durante todo el viaje en Transmilenio, y hasta las terapias posteriores que recibe con la esperanza de mejorar su salud. A la vuelta lo mismo: una calle empinada que toca caminar cuesta arriba. Mañana y tarde en lo mismo. De lunes a viernes. ¿No merecería, entonces, una ayuda por parte de Saludcoop?
Los 28 kilos que pesa hicieron que Cielo Peláez desarrollara una hernia justo ahora, cuando está embarazada de nuevo. Poco a poco el esfuerzo que debe hacer a diario tendrá que ceder en orden de cuidar su salud propia. Preguntamos, entonces, ¿hasta cuándo la EPS no prestará la ayuda debida a este menor de edad y a su madre? Las demoras cuestan, insistimos.
Lo más paradójico de su caso es que es esta, Saludcoop, una entidad intervenida por el Estado y bajo su mando. ¿Qué es lo que debe pasar para que atienda fallos judiciales de ese mismo Estado? ¿Dónde está la incomunicación? Prontas y efectivas: la salud y la justicia. Por ahora solo palabras.
El caso de Cielo y su hijo puede sonar muy particular como para hablar en general del sistema de salud. El problema es que no es aislado: es fácil predecir que ese fallo de tutela no es el único en su clase. No los mismos hechos precisos, pero sí la misma realidad global: ¿no va siendo hora de que el Estado preste más atención a las personas con discapacidad y a quienes los cuidan en medio de varias complicaciones?