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El territorio colombiano está manchado por la sangre de múltiples magnicidios. La sola idea de que un candidato presidencial esté bajo amenazas creíbles de sufrir un atentado nos remonta a los peores momentos de los años 80 y principios de los 90, cuando movimientos políticos enteros fueron aniquilados por la intolerancia y la violencia. Por eso, las afirmaciones de la campaña de Gustavo Petro, senador y candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico, deben ser tomadas con total seriedad y necesitan una respuesta contundente por parte de las autoridades. La reacción en todo el espectro político, por fortuna, ha sido la misma: rechazo con vehemencia al uso de las armas para amedrentar.
En el corazón del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y las Farc se encuentra un sueño que ha sido esquivo para Colombia: la idea de que la política y sus diferencias se pueden tramitar sin recurrir a la violencia. Como lo dijimos, no ha sido fácil, a lo largo de la historia, garantizar la seguridad de los líderes políticos. El problema es que el ciclo de violencia engendra más y más violencia, y nos ata a dinámicas perversas de resentimientos que tardan años en ser controlados. Somos un país donde el miedo ha sido la moneda de cambio en las contiendas democráticas.
Son creíbles las amenazas contra el candidato Petro no solo porque fueron detectadas por su equipo de seguridad, sino porque en Colombia hay suficiente evidencia de la presencia de actores armados que quieren imponerse a la fuerza. ¿O acaso no somos un país que ha matado de manera sistemática a líderes sociales y defensores de derechos humanos? ¿No estamos, pues, año tras año a la cabeza de la clasificación como el país más inseguro para defender el medio ambiente? ¿No vimos hace nada cómo en El Tarra (Norte de Santander) una profesora tuvo que echarse al piso para intentar calmar a sus estudiantes mientras ocurría una balacera? ¿No lleva una semana secuestrado Jesús David Ureña, alcalde encargado de El Charco, Nariño? Estamos en medio de un conflicto constante que, también sabemos por las lecciones de la historia, se recrudece en época electoral.
Entonces, pecan por irresponsables quienes respondieron con socarronería a las denuncias de la campaña Petro. Todas y todos los candidatos a cargos políticos en Colombia merecen protección y respaldo de la sociedad, independientemente de sus posturas. Ninguno debería sentir miedo ni creer que su integridad está en riesgo solo por querer recorrer el país que buscan gobernar. Es lo mínimo. No hay democracia sin campañas seguras.
Hizo bien la Policía Nacional en redoblar sus esfuerzos de protección a todos los candidatos. Lo propio debe hacer la Fiscalía con las investigaciones que dijo adelantar. Dar con los responsables de las amenazas es clave para evitar riesgos futuros contra todas las campañas. Los criminales deben entender que la apuesta por la paz que hicieron los colombianos incluye nunca más permitir que se haga política armada, que se silencien voces solo porque sean incómodas, que se amenacen candidatos sin consecuencias. La salud de la democracia es la que está en riesgo.
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