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Los informes recientes sobre los abusos de la Fuerza Pública, uno en Bogotá en 2020 y otro sobre el paro nacional de 2021, comprueban lo que ya sabíamos. Cada uno de ellos, construidos de manera rigurosa y presentados como aportes a la construcción de verdad y justicia, recopilan relatos de policías extralimitando sus funciones, violando derechos fundamentales e incluso cometiendo atrocidades como asesinatos y violencia sexual. Que el Gobierno Nacional reciba estas revisiones independientes lanzando pullas, estigmatizando a las voces críticas e invocando un falso patriotismo es equivocado. El Ejecutivo debería entender que exigir el cumplimiento de los derechos humanos es aportarle al fortalecimiento de la legitimidad de las autoridades.
Cuando policías torturaron y asesinaron a Javier Ordóñez, y además le mintieron al país, estaban abusando de un sistema que le otorga gran poder a la Fuerza Pública. Es un caso análogo al ocurrido hace una década con el grafitero Diego Felipe Becerra. Leer esa situación como un simple problema de “manzanas podridas” es no ver que, en efecto, la Policía a menudo responde mal a las críticas, no actúa con transparencia y pierde los estribos en momentos de caos. Eso es precisamente lo que muestra el informe del 9S, solicitado por la Alcaldía de Bogotá a un grupo de expertos liderados por Carlos Alfonso Negret, exdefensor del Pueblo.
En el relato del informe hay terror. Por lo menos 11 civiles fueron asesinados por policías en hechos que invitan a pensar que hubo abuso de autoridad. La misma alcaldesa de Bogotá, Claudia López, relata cómo perdió el control de la Policía, que actuó de manera autónoma, desordenada y en ocasiones saboteando su propia autoridad. Insistir en que todo se trató de malas interpretaciones es ofender la memoria de las víctimas y seguir sembrando desconfianza en la ciudadanía frente a la Fuerza Pública.
A pesar de lo contundente del informe, el Gobierno y la Policía se atrincheraron en su incapacidad para abrir la puerta a las reflexiones. El presidente Iván Duque dijo que “construir aspiraciones políticas de cuenta de lacerar las instituciones es un acto de vileza”, desacreditando el informe solo porque Negret ahora aspira al Senado. “Nuestra Policía ha sido heroica”, insistió el mandatario, como si alguien estuviese dudando de esa realidad. Apelar al patriotismo y a las supuestas malas intenciones de los investigadores no hace que desaparezcan los hechos atroces ni desautoriza un reporte construido a partir de 450 fuentes de información y 91 entrevistas a testigos.
Esa práctica de negarlo todo es común. Ya pasó cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le presentó sus hallazgos al país junto con recomendaciones que fueron vilipendiadas. Ahora, la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU hizo lo propio sobre el paro nacional y desde el Gobierno ya empezaron los desacuerdos y los rechazos. Esto a pesar de que en el informe se acreditaron 63 muertos desde el 28 de abril hasta el 31 de julio, 60 casos de violencia sexual y 27 personas que permanecen desaparecidas.
Sobre la mesa están las pruebas, las denuncias y una exigencia clara: que todo no caiga en la impunidad. Si el Estado sigue atrincherándose en negarlo todo con terquedad, lo único que logrará es bloquear el acceso a la justicia de las víctimas. Para sanar los lazos de confianza, Colombia necesita entender qué ocurrió y por qué se permitió que pasara.
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