Hace apenas unos días el registrador nacional, Hernán Penagos, dio un discurso rimbombante en una sala llena de periodistas. En el marco de los premios del Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB), el servidor público habló de la importancia de la información confiable para la democracia y de ayudar a entidades como la Registraduría a construir legitimidad en los procesos electorales. La entidad que dirige, por su cuenta, está haciendo una gran campaña de publicidad para educar a los colombianos sobre el proceso electoral y la transparencia de sus labores. Por eso sorprende la penosa respuesta que le ha dado a la información publicada en una columna de opinión en El Espectador. No hay motivos para que la entidad sea opaca en su actuar y se esconda de los periodistas que cuestionan al poder.
En su columna del miércoles, la periodista Cecilia Orozco contó que la Registraduría no quiso entregarle información sobre los candidatos que se lanzaron por firmas a la Presidencia de la República. A pesar de que los datos solicitados no tienen reserva de ley, la entidad la obligó a presentar un derecho de petición (sin respuesta hasta el momento en que la escribió). En el texto se muestra un ejemplo del problema: aunque la campaña del candidato Abelardo de la Espriella ha utilizado bombos y platillos para hablar de los cinco millones de firmas que recolectó, por lo menos el 62 % de ellas no fueron avaladas. No sabemos los datos específicos del resto de campañas. ¿Acaso no se trata de un dato relevante para la democracia colombiana, esa que el registrador Penagos tanto quiere proteger?
La respuesta de la Registraduría, en un escueto comunicado a la opinión pública, es lamentable. Explica que en dos procesos de firmas se encontraron posibles delitos (las campañas de Henry Humberto Martínez y Alexánder Francisco Henao) y que en “los demás grupos significativos de ciudadanos solo se encontraron incidencias como datos ilegibles o que no coinciden con el Archivo Nacional de Identificación (ANI), personas que no están en el censo electoral, entre otros”. Para concluir que “la información relacionada con los firmantes solo puede ser utilizada para la verificación de los apoyos y no puede ser de dominio público”.
Eso es inaceptable. Nadie le está pidiendo a la Registraduría que comparta la información sobre quiénes firmaron; por supuesto que ese dato es confidencial. Sin embargo, no basta con decir que la invalidación se debe a múltiples razones. ¿Por qué no puede saber el país cuántas firmas se invalidaron en cada uno de los procesos de recolección? Esas cifras son útiles para varios debates, no solo para poder entender el “clamor popular” detrás de cada una de las candidaturas que recolectó los apoyos, sino para el debate más general sobre cómo podemos hacer más razonables nuestros procesos democráticos. Si la recolección de firmas se ha convertido en una guachafita, que además implica un desgaste de la entidad electoral y se presta para gastos de dinero injustificados, Colombia tiene que contar con la información a su disposición. Ese tipo de transparencia, registrador, construye la confianza en el proceso electoral.
El periodismo investigativo no puede chocarse con un Estado que oculta la información. El registrador no puede ir por el país exigiéndoles confianza a las personas si la entidad que dirige no da ejemplo de transparencia. No podemos entender cómo se está usando el proceso de recolección de firmas si no se comparten los datos de manera pública y verificable. Si la Registraduría no quiere ser objeto de dudas, hay explicaciones que darle al país.
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