Reconocer la discriminación histórica

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Se cerró la etapa de presentación de informes ante la Comisión de la Verdad. Dentro de las colaboraciones de la sociedad civil a la necesaria labor de las comisionadas hay una en particular que puede marcar un hito en la historia de Colombia. Se trata de todos los informes allegados por organizaciones que representan a las personas lesbianas, gais, bisexuales y trans (LGBT) del país. La promesa es que en el informe final de la Comisión habrá un capítulo dedicado a la violencia ejercida contra ellos, motivada en el odio a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, acompañado de un análisis transversal que entienda las múltiples formas en que la discriminación acentuó el conflicto armado para una población históricamente vulnerable. Junto con el macrocaso que debería abrir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que comentamos hace unas semanas, este documento puede demostrar que la justicia transicional colombiana entiende el reto histórico que está ante ella y la importancia de aplicar el enfoque diferencial al entender la violencia ejercida contra las víctimas.

El tema se ha venido conociendo desde hace años gracias a la labor de las organizaciones que velan por los derechos LGBT. A la Comisión llegaron libros producidos por Colombia Diversa, Diversas Incorrectas, la Corporación Ágora Club, Caribe Afirmativo, Chaparral Diversa, la Fundación Arcoíris de Tumaco y otras agrupaciones. En ellos se narra el dolor, la persecución, los señalamientos, los estigmas y la violencia ejercidos con dolo y especial vileza en contra de las personas LGBT. Los testimonios son terroríficos.

En el informe “Vivir bajo sospecha”, que Colombia Diversa produjo en 2017, se cuentan hechos cometidos en Vistahermosa (Meta) y San Onofre (Sucre). Los paramilitares y los guerrilleros que dominaban los territorios ejercían control social, obligaban a vestirse de cierta manera, ordenaron incluso realizarse exámenes de VIH y listas de con quiénes se acostaban las personas. Es infame cómo Marco Tulio Pérez Guzmán, alias el Oso e integrante del frente Golfo de Morrosquillo, obligó a varios gais y a una mujer trans a pelear en un ring de boxeo. Aquel día de 2003 las personas de orientación sexual diversa fueron el entretenimiento para todo el pueblo. Quizá no hay mejor imagen que resuma la crueldad a la que han sido sometidas en el conflicto armado.

Los testimonios, por cierto, no solo involucran a los grupos armados ilegales. En ¿Que las maricas no sienten?, texto de Caribe Afirmativo, un hombre trans cuenta: “Con la Policía yo creo que ya eso es una guerra declarada: entre la diversidad y la Policía (...) Es como si ellos quisieran humillar a esas personas, como hacer una burla, como decirles ‘eso no es lo correcto’, porque siempre es como: ‘ah, ¿se cree muy mujercita? Venga la violo. Es como ejercer ese poder para humillar, para degradar”.

Por eso compartimos la necesidad de que la Comisión de la Verdad observe con detalle lo ocurrido contra las personas LGBT. Como dijo en Twitter Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, el reto es “que las personas LGBT seamos parte de la historia de paz y reconciliación de Colombia. La historia de las víctimas LGBT en el conflicto armado en Colombia y sus acciones de resistencias permitirán entender claves para repararlas adecuadamente, pero también para reconocer positivamente la diversidad y valorar su aporte a la reconciliación”.

Así debe ser. La sociedad civil ya cumplió su parte del acuerdo aportando información rigurosa. Ahora es el turno de las comisionadas. Colombia necesita un relato integral de lo ocurrido.

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