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El lunes pasado la Asamblea General de accionistas del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, reeligió al colombiano Sergio Díaz-Granados como su presidente ejecutivo por un nuevo período de cinco años. Es una muy buena noticia dado que CAF, junto al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), realizan una labor esencial para el desarrollo regional. Los logros alcanzados por Díaz-Granados explican el voto de confianza dado por sus países miembros. Es esencial para América Latina y el Caribe contar con organismos multilaterales de desarrollo sólidos que contribuyan a un mejor futuro para sus habitantes, en un mundo en proceso de transición.
CAF es una entidad dedicada al desarrollo regional muy poco conocida por la mayoría de la gente. Pasó de los cinco países andinos originales en los sesenta a 23 países miembros, incluyendo España y Portugal. Su crecimiento y consolidación comenzó en la década de los noventa bajo la presidencia del boliviano Enrique García. Para una región ávida de recursos en infraestructura y desarrollo, su labor complementaria con el BID y el BM fue esencial para la recuperación económica tras la llamada década perdida de los ochenta. Una pequeña institución creada en el marco de los acuerdos de integración andinos, a finales de los sesenta, se convirtió en un actor relevante con un alcance bastante mayor al proyectado inicialmente.
Ese fue el Banco de Desarrollo que Díaz-Granados recibió al inicio de su mandato. Durante su gestión, según manifestó, se logró “la capitalización de 7.000 millones de dólares, su expansión geográfica y la consolidación en Centroamérica y el Caribe, así como el impulso al sector privado y las mejores calificaciones de riesgo de la historia de la organización”. Otro gran reto que asumió fue el de convertir a CAF en el banco de desarrollo verde de América Latina, proyectando que al menos el 40 % de sus aprobaciones de operaciones fueran sostenibles para 2026, lo que alcanzaron en 2024.
Las cifras correspondientes a América Latina y el Caribe demuestran la importancia de contar con organismos multilaterales sólidos como el BID, el BM y CAF. En especial, luego del impacto de la pandemia. La región pasó de crecer un 5,5 % anual, en la segunda mitad del siglo XX, a menos del 2 % en los últimos quince años. Los niveles de inversión son bajos, existe un limitado comercio intrarregional, hay baja productividad y alta informalidad. Lo anterior ha llevado a que un tercio de los latinoamericanos y caribeños vivan en pobreza, mientras que la extrema se ubica en niveles alrededor del 10 %. Además, América Latina es considerada como la región más desigual del mundo en términos de distribución de ingresos y riqueza, con una extrema concentración en el 10 % más rico, que obtienen más del 50 % de los ingresos, mientras el 50 % más pobre recibe una porción mínima, cercana al 8 %. La situación de inequidad y pobreza lleva, además, a que esta sea la región más violenta del mundo, fuera de zonas de guerra, con tasas de homicidio bastante mayores al promedio mundial. Es un hecho lamentable que la región lidere 12 de los 15 mercados criminales del mundo y con apenas el 9 % de la población mundial, concentre cerca de un tercio de los homicidios del planeta.
Por todos estos hechos mencionados, las cifras no mienten, el hecho de que Sergio Díaz-Granados se haya comprometido a alcanzar un crecimiento del 75 % en la cartera, hacia 2031, una cifra cercana a los USD 67.000 millones, con operaciones por cerca de USD 100.000 millones, es un gran reto hacia futuro. En la pasada reunión de la COP30, de Belém do Pará en Brasil, se hizo el anuncio de destinar USD 40.000 millones a la llamada cartera verde, esencial para plantear alternativas viables al fenómeno del cambio climático.
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