Reformar la JEP para fortalecerla

Aunque comprendemos los reparos, lo fundamental es que se dote de la mayor legitimidad posible al actuar de la JEP. / Archivo El Espectador

Está en vilo en el Congreso la reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que fue fruto de una histórica reunión entre todas las fuerzas políticas en el parlamento. Ayer, Ernesto Macías, presidente del Senado, dijo que, por falta de tiempo en la legislatura de este año, “lo que no entró a las plenarias no alcanzará a ser tramitado. Lo que hagamos de hoy a mañana se puede tramitar, pero en el caso de esas reformas ya están hundidas”. Independientemente de lo que termine ocurriendo, no deja de ser importante reiterar que el objetivo de todos los líderes políticos debe ser dotar de legitimidad la labor de la justicia transicional.

La historia de la reforma a la JEP ha sido angustiante. El Centro Democrático, que durante el plebiscito y la pasada campaña presidencial construyó una plataforma de críticas contra la justicia transicional, a la que ha cuestionado por sus miembros y por haber sido fruto del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las Farc, entró con la intención de hacer modificaciones que prendieron las alarmas. Entre sus propuestas iniciales estuvo crear una sala específica para el juzgamiento de las Fuerzas Militares y asignarle magistrados elegidos directamente por el presidente. Voces expertas advirtieron que esa medida, además de fomentar la impunidad en los crímenes que involucran agentes estatales, podría forzar la intervención de la Corte Penal Internacional.

De ahí vino el momento histórico. Todos los partidos políticos se reunieron en la presidencia del Senado bajo una misma idea: el partido de gobierno insiste en modificar el Acuerdo, pero está dispuesto (como siempre debió estarlo) a encontrar una manera menos lesiva.

La solución que se planteó ha causado polémica. La reforma que está sobre la mesa incorporaría 14 nuevos magistrados en total a las salas de reconocimiento, verdad y responsabilidad, la sala de definición de situaciones jurídicas y las secciones de revisión y apelación. Los nuevos jueces serían elegidos por un Comité de Escogencia conformado por colombianos.

Son varias las críticas que surgieron. Por una parte, la incorporación de los nuevos magistrados parece decirles a los juristas que ya están en funciones que, en efecto, sus credenciales levantan sospecha. Además, el Comité de Escogencia no se puede comparar a los representantes internacionales que, con veeduría y criterios estrictos, hicieron la primera selección para la JEP. Finalmente, surgen dudas sobre la posibilidad de expedir una reforma constitucional posterior al Acuerdo, con la guerrilla ya desaparecida.

Aunque comprendemos esos reparos, nos parece que lo fundamental en esta situación es que se dote de la mayor legitimidad posible al actuar de la JEP. Si las fuerzas que tanta oposición le hicieron se sienten parte de la formulación de la justicia transicional, sería extraño que continúen sus críticas que tantos obstáculos han creado. Como le dijo el senador Luis Fernando Velasco, artífice de la reforma, a Semana: “Creí y creo que un acuerdo con los sectores del No para darle más credibilidad a esta justicia no solo la fortalecía, sino que legitima más el proceso de paz por parte de sus contradictores que también son colombianos y cuyas opiniones deben ser escuchadas”.

Por supuesto, esto presupone que el partido de gobierno, ya con mayorías, no introducirá otras modificaciones que vayan en contravía del sentido de la justicia transicional. Hay un pacto de confianza que no debe romperse. Incluso si no se logra aprobar en este año, el discurso de todos los partidos en torno a la JEP debe ser uno solo: el de respetar su competencia y su necesaria labor.

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