Según sus voceros, lo que pretende adelantar el Ejecutivo es un reprochable proceso de recentralización que condenará a las regiones al rezago, sin mencionar, por supuesto, la indignación por el escamoteo de sus muy merecidos recursos. Sin embargo, y ya es hora de recordarlo, la indignación debería provenir de departamentos como el Chocó o el Quindío, que por más de 15 años no han visto ni un peso de las cuantiosas regalías. Todo esto por la falsa, pero muy arraigada, creencia de que los recursos mineros y petroleros son propiedad de las regiones.
No obstante, y pese a la insistencia de gobernadores, alcaldes y parlamentarios, los recursos petroleros y minerales no le pertenecen ni al Meta, ni a Córdoba, ni al Cesar, ni a ningún otro departamento. Las riquezas del subsuelo son de la Nación y deben servirle al país entero. Que se debe indemnizar el daño ambiental, sí, cierto. Pero este pago no tiene por qué depender de las ganancias o ser ilimitado. Una suma fija en razón de los efectos ambientales o (en el mejor de los casos) una transferencia máxima por habitante debería ser la norma en la distribución de las regalías. No tiene sentido, por ejemplo, que el Casanare, con menos del 1 por ciento de la población del país, disfrute de alrededor de 20 por ciento de estos ingresos, mientras haya regiones a las que no les llega nada. En especial, cuando los más de 40 billones que se han entregado por cuenta de las regalías en la última década han sido desperdiciados. Y no sólo en parques y en proyectos inocuos. El año pasado la Procuraduría denunció billonarios costos por corrupción en cerca de 750 municipios.
En buena hora llega, entonces, la propuesta de un nuevo sistema de regalías que, además de redistribuir de manera más equitativa los recursos y permitirles un uso más eficiente al agregarlos en proyectos de mayor envergadura, da un paso más en la iniciativa del Gobierno de utilizar la anunciada bonanza minera —o el auge previsto— para disminuir la deuda pública. La reforma no sólo pretende suspender las regalías directas, sino transformar el Fondo Nacional de Regalías en un fondo de distribución de recursos a gobiernos locales y en otro de estabilización financiera de estos recursos. De esta manera, el acto legislativo, además de revisar la repartición de los recursos del subsuelo, pretende poner en control las finanzas territoriales de la misma forma que busca hacerlo con el gasto del gobierno central y la implementación de la Regla Fiscal que ya radicó también en el Congreso.
Las bondades del nuevo sistema de regalías son innegables pero, como es de esperarse, cuando se tocan intereses particulares, la resistencia no va a ser poca. Y no sólo por las protestas sociales que figurarán en los medios, sino por los poderes efectivos en el Legislativo. Aunque el Gobierno intentó saltarse estratégicamente a la Comisión Quinta del Senado —en donde tienen sus representantes las tradicionales regiones petroleras y mineras— y mandar su proyecto como reforma constitucional, el problema no se acaba. Incluso, si se aprueba el acto legislativo volvería a la Quinta para su reglamentación y allí, entonces, podría entorpecerse lo adelantado. Esperemos, sin embargo, que el Gobierno no ceda más de lo prudente en las negociaciones y logre llevar finalmente a la aprobación una reforma fundamental para la equidad regional, la estabilidad macroeconómica y la lucha contra la corrupción.
Por El Espectador
