Ante incumplimiento por parte del régimen venezolano de los Acuerdos de Barbados, para garantizar unas elecciones limpias, con absoluto respeto para la oposición y una supervisión internacional independiente, el Gobierno de Estados Unidos decidió imponer de nuevo las sanciones petroleras contra el país vecino. La medida demuestra lo que ya se había advertido, lo hicimos en este espacio, de la imposibilidad de creer en la buena fe de Nicolás Maduro, que bajo ningún concepto permitirá que se lleven a cabo comicios en los cuales pueda perder. No es claro que esta reimposición de las sanciones logre un efecto positivo en el tiempo que queda hasta las elecciones del 28 de julio.
El retorno de las sanciones demuestra que la administración Biden, que se había jugado a fondo en las conversaciones de Barbados para que se definiera una clara hoja de ruta, agotó su paciencia y decidió actuar. Hace seis meses, y ante los resultados favorables, mediante la Licencia General 44, Estados Unidos levantó las sanciones que pesaban contra Venezuela para la comercialización del petróleo y el gas en los mercados internacionales. Mientras tanto, Caracas se comprometía a honrar todo lo acordado en la isla caribeña. En ese período compañías petroleras como Chevron comenzaron a operar en Venezuela. A partir de la reciente decisión, las empresas afectadas con la medida tienen hasta el 31 de mayo para cerrar operaciones. Esta decisión fue consultada con países como Colombia.
Para el Gobierno de Estados Unidos, este tipo de medidas se toman en un escenario interno e internacional complejo. El país del norte tendrá elecciones presidenciales en noviembre y el presidente Joe Biden aspira a la reelección. Cualquier cambio brusco en el mercado energético mundial tendría repercusiones en su aspiración. Además, si las sanciones afectan a la población, podría generarse una nueva ola migratoria desde Venezuela, con efecto negativo en la campaña presidencial. De esta manera, se expidió la Licencia General 44 A, mediante la cual las empresas afectadas tienen 45 días para cerrar operaciones. De otro lado, no se verán afectadas las licencias particulares que Washington otorga, caso por caso, a determinadas empresas que solicitan poder comerciar con el gas y petróleo venezolano. De esta manera, se continuarán otorgando permisos individuales.
La ilegitimidad del actual proceso electoral en Venezuela comenzó con la inhabilitación de María Corina Machado, candidata de la Plataforma Unitaria, tras resultar electa con una muy gran votación en las internas de la oposición que se llevaron a cabo el año anterior. Desde ese momento la dictadura de Maduro inhabilitó a Machado y, con argumentos ilegales, el régimen dejó por fuera de juego a la más segura ganadora de los comicios. Luego detuvo arbitrariamente a defensores de derechos humanos, colaboradores de Machado, entre ellos sus personas más cercanas en la campaña, bajo un supuesto plan para asesinar a Nicolás Maduro. Por último, impidieron la inscripción de Corina Yoris, designada por Machado para sucederla. Este hecho generó comunicados criticando la medida por parte de las cancillerías de Brasil y Colombia.
En la reciente visita que hizo al país Luiz Inácio Lula Da Silva, presidente de Brasil, y el presidente Gustavo Petro solicitaron a Maduro que haga un plebiscito que permita al perdedor de las elecciones retirarse del país con pleno respeto de su vida. A pesar de la buena intención de los dos mandatarios, la propuesta no tuvo respuesta favorable de Caracas.
De momento, ayer en la tarde estaba programada una reunión entre Machado y los candidatos opositores que lograron inscribirse, Manuel Rosales y Enrique Márquez, en especial para que pueda definirse un nombre que represente a todo el bloque opositor. Si se ponen de acuerdo habrá que esperar la reacción del régimen.
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