La regulación a la protesta social que propone el Gobierno de Abelardo de la Espriella parte de una preocupación real que han expresado los colombianos. En muchas ocasiones, cuando los violentos secuestran las manifestaciones populares y aprovechan para causar daños, los costos y la frustración del resto de ciudadanos, incluyendo los que marcharon pacíficamente, es palpable. Terminamos siempre hablando más de la violencia que sobre las causas que se reivindican en las calles. En ese marco, la iniciativa del Ministerio del Interior es bienvenida. Sin embargo, hay que tener cuidado para no caer en las trampas ya conocidas: el saldo de abusos policiales que dejó el estallido social durante la administración de Iván Duque es un amargo recordatorio de la importancia de cuidar a los manifestantes.
El Gobierno De la Espriella propuso modificar el Decreto 003 de 2021, que regula la protesta social. Según el ministro del Interior, Rodrigo Lara, “Este decreto busca equilibrar los derechos de quien protesta con los de quien no participa. Ni un derecho menos para quien marcha. Ni un espacio más para quien destruye. El trancón no es violencia. La incomodidad no es violencia. Agredir, portar armas, retener personas o impedir una ambulancia, sí”. En esencia, se busca permitir que la autoridad intervenga cuando haya delitos que se estén cometiendo. Para eso, el articulado propone, por ejemplo, que “la Policía Nacional dispondrá de un dispositivo de acompañamiento a la manifestación pública, el cual deberá estar ubicado a una distancia mínima de cuatro metros; este dispositivo tendrá como finalidad garantizar el ejercicio pacífico del derecho a la protesta y proteger tanto a los participantes como a las personas que no forman parte de la manifestación”. En otro punto, el proyecto dice que “frente a actos de violencia, la obligación de privilegiar el diálogo y la mediación constituye una regla de preferencia de medios de intervención respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia”.
Es difícil estar en contra del propósito general del proyecto, pero las particularidades sí despiertan preguntas en un debate que es mucho más complejo que lo que lo hace parecer las declaraciones del ministro. Sí, apoyamos que los delitos sean judicializados, que la violencia pueda llevar a intervenciones y que las manifestaciones pacíficas no sean cooptadas por actores con deseos de destruir el patrimonio público. Hasta ahí no hay mayor discusión. Necesitamos que las protestas se hagan respetando los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Empero, la regulación abre un campo de discrecionalidad para que sea la Fuerza Pública en terreno la que decida que están dadas las condiciones para saltarse el diálogo y tomar acciones. Aquí es donde el pasado inmediato cobra relevancia.
No llegamos a este debate en un vacío. Durante la administración Duque, Dilan Cruz fue asesinado por un policía que estaba cometiendo un acto de abuso de autoridad. No fue el único. En las protestas del 2020 y del 2021 fueron decenas los casos de detenciones arbitrarias que luego fueron cuestionadas por jueces de la República, así como actos de violencia contra personas que estaban manifestándose. Como contó un registro gráfico que hizo El Espectador, la pérdida de ojos fue una de las tragedias que se denunciaron por esos días. Por eso, que el énfasis de la regulación esté en darle permiso discrecional de acción a la fuerza pública y no en proteger a los manifestantes es una decisión política que puede abrir la puerta a que se repitan abusos semejantes. De nuevo, no se trata de ser cómplices de quienes cometen delitos en las protestas, pero sí de reconocer que la realidad de esos espacios exige consideraciones de extremo cuidado por parte del Estado.
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