Hace una semana, en Blu Radio, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, dio una declaración tajante y al mismo tiempo muy vaga que despertó preguntas sobre un debate que dos gobiernos colombianos no fueron capaces de dar. “Ayer hubo una gran victoria para los taxistas”, dijo Reyes, refiriéndose a la reunión del gremio de taxistas con el mandatario Gustavo Petro. “El presidente afirmó, categóricamente, que las empresas extranjeras prestan un servicio público ilegal sin autorización, lo que implica una transferencia de riqueza nacional al exterior usando la fuerza laboral nacional”, agregó el ministro. Cuando le preguntaron si eso significaba el desmonte de aplicaciones como Uber y similares, Reyes dijo: “Sin dudas”. Empero, la situación no es tan clara.
Según el ministro Reyes, “es evidente que se están llevando los recursos del país, que no están pagando tributos, que no están generando ningún tipo de regalías. La orden es perentoria, que entre el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Transporte definan qué se va a hacer con el tema de regulación de las plataformas en las próximas semanas”. También dijo que las aplicaciones no pagaban impuestos, lo que es parcialmente cierto, pues en efecto pagan el IVA y las que tienen domicilio en Colombia pagan el impuesto a la renta.
Lo que se leyó como un triunfo del gremio de taxistas, que lleva años pidiendo que se prohíban por completo las aplicaciones de transporte, parece más bien un caso de retórica incendiaria sin decisiones de fondo. El mismo ministro lo dijo: “No podemos tomar decisiones apresuradas, necesitamos un análisis”. Estamos de acuerdo. Es fundamental que de esta administración no pase el tema de la regulación de los servicios de transporte público, pero la solución más acertada no es desmontar aplicaciones que han funcionado, que emplean a tantos colombianos y que se han ganado la confianza de los usuarios.
En este espacio hemos criticado en varias ocasiones las aplicaciones de transporte. Sus estrategias agresivas para no tener que ser reguladas como los taxis son bien conocidas aquí y en el resto del mundo. Su insistencia en llamar “socios” y no “empleados” a los conductores los deja en un nivel de desprotección ofensivo y precario. Adicionalmente, la constante incertidumbre normativa ha generado violencia e inestabilidad para quienes usan las aplicaciones.
También entendemos las preocupaciones de los taxistas. Las regulaciones les imponen costos muy grandes y, sin embargo, viven en la precariedad laboral, teniendo que competir en desigualdad de condiciones con las aplicaciones de transporte. Sus reclamos de más seguridad y derechos laborales suelen ser olvidados en estas discusiones.
Entonces, bienvenido el momento de regular. La mejor manera, nos parece, sería equilibrando la cancha: exigiendo que las aplicaciones reconozcan los derechos laborales de sus conductores, creando reglas claras para facilitar la labor de los taxistas e incentivos para la modernización de la flota. Así podemos garantizar que los colombianos tengan un buen servicio público de transporte, con dignidad para todos los involucrados.
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