Regular las economías digitales

La respuesta debería estar en una regulación que responda a la velocidad de los avances tecnológicos que tienden a democratizar sectores de la economía colombiana. / iStock

Una vez más el Gobierno ha demostrado que no cuenta con una política pública coherente, capaz de responder a los desafíos de las nuevas tecnologías y de adaptar las regulaciones.

El mes pasado, el ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic), David Luna, reiteró su apoyo a plataformas tecnológicas como Uber y declaró una vez más que son legales. Ese mensaje coincidió con el anuncio del ministro de Transporte, Germán Cardona, de un proyecto de ley presentado en el Congreso que pretende definir las conductas que dan lugar a sanción en todas las modalidades de transporte no autorizado. La ponencia establece que las autoridades podrán inmovilizar y multar el vehículo cuando se demuestre que presta un servicio no autorizado, y en últimas, si hay reincidencia, chatarrizarlo. El ejemplo más claro de esos servicios no autorizados a los que se refiere Mintransporte es Uber, que ha estado en el centro de la polémica, aunque según datos del Mintic, existirían más 120 plataformas similares. De aprobarse, dichas medidas no sólo serían excesivas, sino que contradicen la supuesta voluntad del Mintic de legalizar estos servicios.

No es la primera vez que desde este espacio denunciamos que la posición del Gobierno ha sido cuando menos incoherente, rayando en lo irresponsable. Sin una política pública coherente y concertada, en lugar de dos ministerios que se pisan los talones y se contradicen en sus posiciones, parece improbable lograr una solución que es urgente. Cardona agregó que “esas plataformas, o las legalizamos o nos encartamos con ellas. No hay duda de que a la gente le gustan”.

El asunto, sin embargo, tiene más peso que el simple hecho de que a la gente le gusten o no y además trasciende la polémica de Uber. Existen otras plataformas que hacen parte de las llamadas economías digitales, cuyos servicios han dado lugar a conflictos como los que enfrentan a los hoteles con la plataforma Airbnb, los canales de televisión con Netflix o a los bancos con el bitcoin.

En todos estos casos la respuesta debería estar en una regulación que responda a la velocidad de los avances tecnológicos que tienden a democratizar sectores de la economía y pueden convertir a Colombia en un país propicio para el emprendimiento digital, no en perseguir y satanizar a las empresas y a los ciudadanos que han apostado por este tipo de emprendimiento. Como bien dijo el ministro Luna, “la economía digital dejó de ser un apéndice de la economía y se convirtió en la economía”.

Si bien la persecución a estos servicios suena torpe, obsoleta y, por lo mismo, ineficiente, la solución no es tampoco mantenerlas en el limbo regulatorio generando una competencia desleal con los proveedores tradicionales, quienes sí tienen que cumplir muchas reglamentaciones y actúan sobre la mesa.

El Mintic creó un Viceministerio de Economía Digital que busca asumir y promover la disrupción tecnológica en la economía colombiana para ayudar a resolver estas tensiones. Pero el tiempo pasa y sus resultados siguen en vilo. Mientras tanto, el Congreso parece rehuirle al debate y las economías digitales seguirán estando un paso por delante del Gobierno y de una regulación que no llega.

 

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