Visto de lejos —desde los cómodos escritorios citadinos—, se trata de un deseo loable, en la medida en que está demostrado que los páramos, como parte de la alta montaña, cumplen un papel importante en la regulación del ciclo del agua, además de albergar una biodiversidad característica.
Este es un tema de importancia mundial, toda vez que Colombia alberga aproximadamente la mitad de los páramos del planeta, en una superficie aproximada de 2’906.136 hectáreas. Son ecosistemas estratégicos, pues no llegando a superar apenas el 3% de la extensión del territorio, sus beneficios se reciben en áreas muchísimo más extensas. Hoy, sólo el 19% de los páramos del país se encuentra bajo figuras de conservación, déficit que hay que cubrir.
Pero visto desde cerca, desde los territorios, al menos la mitad de los páramos están habitados por comunidades rurales. No son invasores, sino gentes que hicieron de ellos sus territorios como espacios de pastoreo, recolección, cultivo y significado cultural. Así las cosas, entonces, ¿cómo es que todos los páramos, delimitados con precisión, deben pasar ya a un régimen de conservación? Se trata de una herencia vigente en el plazo de la ley del plan de desarrollo.
Desde un punto de vista científico, no hay duda de que, por su biodiversidad y funciones hídricas, todos los páramos del país deberían ser áreas de protección. Además, en situaciones de cambio climático acelerado —como las que ya se documentan—, no sólo los páramos sino el conjunto de ecosistemas de alta montaña deberían contribuir a mejorar la capacidad de adaptación del territorio, lo que ciertamente no se logra a través de la agricultura intensiva y la gran minería.
La pregunta no es, entonces, sobre el qué, sino sobre el cómo y cuándo. Resulta inadecuado, por decir lo menos, que en un plan de desarrollo no se hayan reconocido los aspectos sociales y económicos de los páramos. Hoy estamos en la absurda situación de que gran parte del cultivo de la papa del país es ilegal, como lo puede ser una parte de la cebolla junca que se cultiva en el páramo de Berlín. Para no hablar de los extensos páramos campesinos de Boyacá, e indígenas del Sur del país. Se trata de una “inmensa minoría”, de al menos 120.000 personas para quienes la necesaria conservación de la naturaleza no pasa de ser una imposición, o un lujo que la sociedad no les permite darse.
La protección de los páramos es necesaria, pero no puede ordenarse de un plumazo por vía legal. En al menos la mitad de los páramos del país la conservación debe ser un proceso más allá de los consabidos cuatro u ocho años de un mandato, que debe diseñarse con base científica, equidad social y sensatez política. Esta última finalmente se impone: tal vez por esa razón la ministra del Medio Ambiente, Luz Helena Sarmiento, sigue aplazando decisiones que resultan inconvenientes. El país requiere repensar los páramos para aclimatar decisiones sensatas, que deberían basarse en su complejidad social y ecológica, para enfrentarla con equidad. Otra oportunidad, no suficientemente advertida, para el nuevo plan de desarrollo por venir.