Repitiente y desaplicado

Son graves los resultados del análisis que hace Juan Pablo Ruiz, columnista de este diario, en relación con su función de representante del “sector ecológico” en el Consejo Nacional de Planeación, referentes al desempeño ambiental del primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

En efecto, el desempeño de lo propuesto para el plan de desarrollo 2010-2014 deja mucho que desear. Las tendencias en un segundo período, en el que todo podría mejorar, sin embargo, continúan distanciándose de lo que allí fue planteado.

El punto central propuesto en 2011 era hacer de la gestión ambiental un tema transversal a las políticas de todos los sectores. Vale recordar que eso es lo mismo que hoy está proponiendo la OCDE: no alcanzamos a imaginar cómo podría este repitente gobierno enfrentar un eventual informe externo que ratifique lo que vienen diciendo algunos analistas del sector ambiental.

Las recomendaciones de hace cuatro años señalaban que se requiere una política ambiental con propósitos que preparen mejor al país frente a los cambios extremos del clima, para lo cual necesita una estrategia de inversión pública y de reestructuración de la autoridad ambiental.

En estos puntos no vamos bien, pues los ya anunciados recortes presupuestales vienen acompañados de reformas a la institucionalidad ambiental señaladas como regresivas en los aspectos del licenciamiento ambiental, mientras las CAR, como órganos ejecutores de la política, permanecen bajo la misma figura. Nada novedoso y contundente se ha avanzado en ordenamiento del territorio, gestión del agua y adaptación basada en los ecosistemas y territorios al cambio climático.

Esto daría para un propósito de enmienda en el repitente gobierno habiendo tiempo para hacerlo. Pero la recomendación de adelantar una política de regulación ambiental directa, con instrumentos exigentes y efectivos para el licenciamiento ambiental, según los autorizados analistas, iría hoy en sentido contrario, amenazando con pasar al ámbito de la tercerización.

Según la mencionada evaluación, el Gobierno Nacional en el período 2010-2014 aumentó su deuda con el país en política y gestión ambiental.

Contribuye así al conjunto de analistas que ya señalan este gobierno como “esquizofrénico”, cuando una cosa dice fuera del país y otra hace en su interior. Calificativo que por supuesto no ayuda a que un importante sector social, incluyendo el académico y el de las comunidades locales, se sume contundentemente a sus propuestas de paz, que viene liderando con buen tino.

Todo indica que el Gobierno Nacional construye su propia interpretación: los representantes oficiales califican como incomprendida por los ambientalistas la política ambiental. Urge pues un debate ambiental amplio y serio, desprovisto de retórica y de cara al país. Para bien de todos, el repitente gobierno podría habilitar las materias perdidas.

 

 

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