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Desde que era una promesa, durante las negociaciones de La Habana, la que ahora es la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha tenido sus enemigos. Gracias a una campaña plebiscitaria polarizada, plagada de mentiras, manipulaciones, noticias falsas y apelaciones irresponsables a la emocionalidad de los colombianos, la justicia transicional ha tenido que cargar consigo el estigma (injusto, a nuestro parecer) de ser un pacto de impunidad. No ayudó que la refrendación del Acuerdo de Paz haya sido un aterrizaje forzoso y que la administración de Juan Manuel Santos nunca pudo mover a la ciudadanía de manera suficiente para darle legitimidad a lo pactado.
Los ataques contra la JEP, por cierto, no son accidentales. Se trata de la columna vertebral del posconflicto, una promesa que, de cumplirse, le daría claridad al país sobre los responsables de la violencia durante el conflicto armado. Hay muchísimos interesados en Colombia en que algo así no ocurra. El silencio siempre ha sido el cómplice más eficiente. Por eso, no sobra agregar, la Comisión de la Verdad también se ha ganado tantos enemigos.
El problema es que la JEP hasta ahora está empezando a funcionar en forma, en buena medida por culpa de todos los palos en la rueda que ha tenido que enfrentar. Durante demasiados meses el Congreso se negó a aprobar el reglamento para que los procesos de la Jurisdicción pudieran comenzar, lo que desencadenó innecesarios choques de trenes, como el ocurrido con la solicitud de extradición de Jesús Santrich. Más allá de los detalles jurídicos, la consecuencia de ese debate fue que se siguió afianzando la idea de que la justicia transicional anda con torpeza.
La semana pasada hubo otro hecho más en el extenso memorial de agravios contra la JEP. El fiscal Mayer Nayi Abushihan, que está investigando a la exsecretaria de la JEP, Martha Lucía Zamora, realizó una inspección judicial en las oficinas del tribunal, pretendió citar a entrevista a una de sus magistradas, Julieta Lemaitre, y extrajo copia del expediente judicial sobre el caso Nº 001 que se está investigando. El problema es que esa actuación pone en tela de juicio la independencia judicial.
La incomodidad de los miembros de la JEP es entendible. Patricia Linares, su presidenta, dijo que “esta actuación es abiertamente violatoria de la reserva judicial que cubre las investigaciones que adelantan los jueces de la Jurisdicción Especial para la Paz. Igualmente, es claramente intimidatoria en relación con la independencia judicial que preserva el actuar de los jueces a cargo del caso”. Por su parte, la Misión de las Naciones Unidas en Colombia dijo que “los derechos de las víctimas y la seguridad jurídica de los participantes en la confrontación armada dependen entonces del estricto respeto de todos los poderes públicos a la independencia y autonomía de la JEP”.
Fue tan grave lo ocurrido que el propio fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, revocó la orden, pidió la devolución del expediente y luego, en entrevista con El Tiempo, dijo que la JEP “merece todo mi respeto. Por ello mismo, cuando supe de la exigencia de copias de su primera investigación, me anticipé a exigir que se revocara esa decisión, que me pareció invasiva”.
¿Respetar la JEP significa que no pueda ser investigada o criticada? Por supuesto que no. De hecho, el proceso que adelanta la Fiscalía es urgente pues el país debe entender lo que ocurrió y si en efecto hubo conductas criminales. Sin embargo, eso no justifica que de tantas maneras se cuestione la legitimidad del tribunal, hasta el punto de realizar actuaciones que jamás ocurrirían en los otros tribunales de la Rama Judicial.
La independencia y la autonomía son pilares que no pueden ser limitados para que la justicia transicional cumpla sus promesas. El país entero necesita que la JEP triunfe en sus propósitos.
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Por El Espectador
