El primer caso fue revelado por este diario el viernes de la semana pasada, en un recuento de las impresiones que la Misión de Observación Electoral (MOE) tuvo sobre la reforma a la justicia que se discute en el órgano legislativo. Un punto clave, que la MOE ha sabido describir muy bien, es la posibilidad de que algunos congresistas estén tramitando su propio ‘fuero’ para ser juzgados de forma especial. De aprobarse la iniciativa, habría una voltereta normativa para el conflicto de intereses y lograrían que el procurador ya no aplique el Código Disciplinario Único, sino un régimen especial con modificación de la Ley Quinta (la que regula el Congreso mismo). Es decir, no con el reglamento usual, sino con uno dispuesto por el Congreso, legislando en causa propia y evadiendo a su vez el conflicto de intereses, si lo hay.
Así mismo, se daría una graduación del régimen de inhabilidades que hoy aplica para la pérdida de investidura, en cabeza del Consejo de Estado: sería un blindaje que retiraría el régimen de responsabilidad objetiva hoy vigente, para dar paso a uno más laxo de proporcionalidad. La propuesta busca graduar la sanción respecto de la conducta.
Desde que existe la propuesta de un acto legislativo que reforme a la justicia, lo hemos dicho de forma contundente, cada paso hay que darlo con sumo cuidado. Y éste, así como el del fuero penal militar, es un artículo grave que atenta de manera directa contra el esquema constitucional previo. Este tema, por supuesto, no puede pasar de agache, como viene ocurriendo. Y está bien que la MOE, en sus informes, lo haya denunciado. De esa forma no pasará a pupitrazo, esperamos, un artículo que promueve la confección de normas en causa propia.
El otro asunto tiene que ver con el llamado carrusel de las pensiones en la Judicatura: el hecho nada despreciable de que unos conjueces del Consejo de Estado hayan determinado que la investigación por este ‘carrusel’ en el Consejo Superior de la Judicatura es función de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y no de la Contraloría General de la República. No vamos a controvertir el fallo, ni mucho menos, pero como lo dijo la contralora, Sandra Morelli, resulta cuando menos extraño que alguien quiera que la Contraloría no lo investigue. ¿Será por la efectividad que ella ha mostrado? La Comisión de Acusación, por el contrario, lleva un historial nada confiable en materia de legitimidad judicial. Esto, por tanto, es una pena: así jurídicamente puedan tener razón los conjueces, la decisión tiene unos efectos políticos evidentes y nada favorables.
Con todo, estos dos asuntos —aunque parezcan ligeros frente a una coyuntura política y social compleja— dan para pensar en el futuro del juzgamiento de los funcionarios públicos de este país. No es alentador verlos y pensar que asuntos de tan alta importancia para un Estado de derecho vayan siendo aprobados a la ligera. Sobre la decisión judicial tal vez no haya vuelta atrás. Pero en la reforma sí, y hay que evitarlo, al menos mientras se da un debate amplio y transparente, de frente al país y no en la intimidad de las causas propias de los congresistas.
Por El Espectador
