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Ya se ha convertido tradición populista. Tan pronto termina el primer año de mandato de alcaldes y gobernadores, los derrotados en las elecciones más recientes así como miembros de la sociedad civil que no comparten la ideología de los triunfadores se autoproclaman defensores de los “deseos del pueblo” y lanzan una cruzada quijotesca conocida como la revocatoria de mandato. En el proceso banalizan una consulta popular que debería emplearse solo en casos extremos y con sumo respeto por la democracia. Las razones que se exponen esconden la incapacidad de hacer oposición política constructiva.
Veamos la historia. En 2017, a la Registraduría llegaron 117 procesos de revocatoria. Solo nueve de ellos fueron convocados. Ese fracaso tiene razón de ser. La Constitución contempla la revocatoria de mandato como una medida de emergencia y por eso mismo tiene requisitos elevados para su cumplimiento. El mensaje es claro: las revocatorias no pueden servir para simples caprichos electorales. Sin embargo, así es como suelen usarse en Colombia.
El atractivo de la revocatoria para quienes desean figurar en la arena política es entendible. Se trata de un mensaje claro y amplio de rechazo al mandatario de turno. Además, y esto es lo importante, permite apostarle a la indignación de la gente sin tener que proponer nada a cambio. Lo vimos con la oportunista e inconstitucional revocatoria de mandato del presidente Iván Duque, impulsada con el único objetivo de posicionar una fuerza política de cara a las elecciones de 2022.
La democracia colombiana, además, no puede andar de emergencia en emergencia. No podemos tramitar nuestras diferencias siempre utilizando la “opción nuclear” de eliminar a la contraparte que fue elegida en justa competencia. Eso no solo entorpece la labor necesaria de los gobernantes, sino que le roba al país la opción de ver cómo se construye una oposición útil, rigurosa y respetuosa de las instituciones. Cada cuatro años el ciclo es el mismo: sin importar quién gane, alguien saldrá a decir que es un traidor del electorado, que “el pueblo está insatisfecho” y que, por lo tanto, hay que removerlo. ¿De verdad esperan que así se construya un país mejor?
Si no les damos las proporciones debidas a nuestras diferencias, todo se convierte en una hecatombe. Y el problema crea pecadores de lado y lado. Tal vez nada ilustre mejor el problema que el secretario de Gobierno de Medellín, Esteban Restrepo, comparando la tentativa de golpe de Estado en EE. UU. con estos intentos de revocatoria. Por supuesto, su analogía es un despropósito. Al final, la revocatoria es una consulta popular amparada por la Constitución. Pero el ejemplo sirve para ver cómo invocarla lleva a todos los involucrados a los extremos. Pierde la ciudadanía.
Ya hemos contado ocho intentos de revocatoria en este año que apenas inicia. Ahí van incluidos los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cartagena y Cúcuta. El Espectador hizo el rastreo a los promotores y encontró cuestionables motivaciones políticas detrás. No nos sorprende. Así está el juego electoral en el país: de radicalismo en radicalismo.
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