Colombia cerró el año con noticias sobre revocatorias de mandato. Primero fue la que iba a realizarse el 12 de diciembre en Cúcuta, contra el alcalde Jairo Yáñez, que tuvo que ser aplazada y cuya realización está en veremos. Luego, en la víspera de Navidad, la Registraduría anunció que encontró 133.248 firmas válidas para convocar a votaciones contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Otras tantas iniciativas siguen en proceso de estudio, pero se han chocado, como en Bogotá, con incapacidad de recolectar todas las firmas necesarias. Esto anuncia que el año entrante, ya de por sí convulsionado por las elecciones, estará marcado por lo menos por el proceso revocatorio en la capital antioqueña. ¿No es momento de repensar cómo utilizamos un mecanismo que debería ser extraordinario?
Lo hemos dicho en el pasado. No se trata de respaldar la labor de un alcalde particular, sino de ver cómo las revocatorias de mandato son la respuesta casi que automática al hecho de que sea elegido alguien que incomode a un determinado grupo político. Aunque la Constitución las permite, nos parece importante la pregunta por qué es lo que ganan los colombianos cuando los períodos de alcaldes y gobernadores se ven dominados por la discusión sobre una revocatoria. Un mecanismo de participación ciudadana que debería ser excepcional, en casos de quiebres institucionales, se ha convertido en una herramienta más para hacer oposición política. No debería ser así.
¿Qué ganamos con un proceso revocatorio? Populismo, ruido y gobiernos estancados. Lo hemos visto en el pasado. Lo estamos viendo ahora. Tan pronto se supo lo de las firmas en Medellín, el alcalde Quintero, fiel a su estilo, escribió en Twitter: “Las firmas falsas, el odio y la corrupción del uribismo no pasarán”. Por su parte, los promotores de la revocatoria, entre ellos derrotados electoralmente por el mandatario, salieron a celebrar. Ese es el talante del debate público en torno a estos procesos.
La democracia no puede ser tener elecciones cada dos años: una para elegir al alcalde y otra para removerlo. Hay mecanismos más efectivos de oposición política que, además, no afectan la institucionalidad. La revocatoria es patear la mesa una y otra vez, buscando popularidad para quienes la promueven, pero condenando a las ciudades a vivir en campañas políticas perpetuas, con todos sus vicios.
Mientras tanto, están los recursos. La revocatoria en Cúcuta no pudo realizarse aún porque, en palabras de la Registraduría, “las actividades que deben adelantarse para su organización requieren un presupuesto apropiado, el cual se encuentra en consecución, pero con el que la entidad no cuenta a la fecha”. Entonces, además del desgaste institucional, hay una presión sobre los recursos de todos los colombianos. ¿Para qué?
Cuando hemos escrito sobre revocatorias siempre recibimos la misma carta de los lectores: ¿por qué nos oponemos a un mecanismo consignado en la Constitución? Nuestra sugerencia es menos ambiciosa: las revocatorias deberían guardarse para casos extremos. De lo contrario, pasa lo que hemos visto varias veces en el país. Mucho ruido electoral, poco bienestar para las personas.
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