Pese a su relevancia, es importante, también, enfocarse en universidades públicas de otras periferias que buscan cumplir con el mismo propósito.
El tema surge atractivo debido a que la educación superior se convirtió —aunque siempre ha debido serlo— en un asunto de relevancia nacional, debido a las protestas que miles de estudiantes hicieron el año pasado, con las que lograron frenar la reforma propuesta por el Gobierno: la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se volvió un actor relevante e imprevisto dentro de una baraja que el presidente Juan Manuel Santos creía haber jugado de la mejor forma posible.
A la vez, 2011 fue un año en el que se barajó todo el poder regional en Colombia: con sus altos y sus bajos, el balance de ese cambio fue positivo para las regiones; ahora, en 2012, se define buena parte del destino de la educación superior en el país: 20 de las universidades están o han estado en proceso electoral para la elección de sus rectores. Esto supone un cambio a nivel de mando, que entraña a su vez un giro filosófico y de orientación académica: ‘¿hacia dónde llevar la universidad?’ es la pregunta que candidatos y comunidades universitarias deben hacerse en estos momentos.
En un panorama ideal, más o menos como el que se vivió en la Universidad Nacional recientemente, deberían abrirse espacios de discusión, foros con los candidatos y participación masiva de los estudiantes: era grato observar el nivel de involucramiento que había dentro de esa comunidad universitaria. Este nivel de apego está presente, claro, en otras universidades, pero las razones que lo impulsan son distintas. Dos casos llaman poderosamente la atención.
El de la Universidad de Córdoba, que lleva dos meses y diez días en paro, por cuenta de la oposición que la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU), representantes de los sindicatos y del estudiantado hacen al rector Emiro Madera. La Universidad de Córdoba fue otra de las víctimas de la infiltración del paramilitarismo en el país, con la no honorable noticia de que su antiguo rector, Víctor Hugo Hernández, está condenado por el asesinato del sindicalista Hugo Iguarán Cortés. Tratando de cerrar esta herida, Madera ha tenido una gestión criticada, sobre todo por (dicen sus opositores) haber concentrado el poder en sus manos, el caos financiero, la pérdida de espacios democráticos y la ampliación de su período. Él se defiende, claro, acusando a los huelguistas de caer en el juego de protestar para lograr una imposición de ideas. Pero el paro sigue, y con él, el caos masivo y la inseguridad de muchos estudiantes.
La Universidad Industrial de Santander tiene fantasmas más grandes. La elección de rector, por segunda ocasión, fue aplazada por no conseguirse la mayoría simple de votos. El candidato que más despierta sospechas, Jaime Camacho Pico, actual rector, tiene vigentes 22 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y un pliego de cargos ante la Procuraduría por sus supuestas relaciones con el grupo paramilitar ‘Águilas Negras’. Si bien son sólo acusaciones, este es un factor que no puede pasar inadvertido.
Es hora pues de volcar la mirada, también, sobre las instituciones públicas de las regiones y la calidad de los rectores que aspiran a su dirección. Cuando la educación superior está en boca de todos, no sobra realizar acciones encaminadas a mirar el futuro de la misma, no a nivel estructural, sino también particular. Todo su futuro se juega por estos días.
Por El Espectador
