De poco ha servido tener el diagnóstico de lo que ocurre en Arauca. La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas. La Fiscalía tiene procesados a los dos últimos gobernadores del departamento. Los discursos oficiales de los últimos gobiernos, incluido el de Iván Duque, han posicionado la zona como un espacio de interés para hacer presencia estatal. Aun así, tenemos por lo menos 22 personas asesinadas, 2.000 desplazadas y unas 10.000 que posiblemente serán afectadas debido a combates entre el Eln y las disidencias de las Farc. ¿Por qué se siente como que estamos escribiendo un editorial hecho para el 2004, no para el 2022?
Hablar de zozobra es quedarnos cortos. Juan Carlos Villate, personero de Tame (Arauca), dijo que el 2 de enero fue uno de los días “más violentos de los últimos diez años” en su región. Debido a los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, la ONU se pronunció pidiendo respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de los civiles. La Defensoría del Pueblo, en marzo del 2021, emitió una alerta diciendo que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la fuerza pública, incremento de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”. Eso es lo que está pasando. El Ejército, en un comunicado, dijo: “Rechazamos rotundamente estos hechos violentos entre estos grupos criminales, responsables de las afectaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta zona del país y que afecta a la población civil”.
El gobierno de Iván Duque, representado por el Ministerio de Defensa, anunció el envío de refuerzos y la realización de un consejo de seguridad el día de ayer. La labor de la fuerza pública es esencial para construir un corredor humanitario y acompañar a todas las personas afectadas. También para retomar el control inmediato. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué no hemos podido evitar una tragedia anunciada? ¿Qué garantías de no repetición hay para el futuro próximo, más aún en época electoral?
A propósito de la tragedia, la Diócesis de Arauca hizo una lectura acertada y angustiante: “Con profunda preocupación recibimos las noticias sobre confrontaciones armadas entre los grupos insurgentes presentes en la región. Repitiendo de cierta manera la historia ya vivida entre los años 2004 a 2011 en Arauca”. El ciclo de violencia parece ininterrumpido: cambian algunos actores, otros permanecen y quienes pierden son los ciudadanos ante una institucionalidad incapaz de hacer presencia legítima.
Todo pasa, claro, por las fuerzas políticas. El actual gobernador, José Facundo Castillo, fue imputado por nexos con el frente Domingo Laín, del Eln. Su antecesor, Ricardo Alvarado (2016-2020), está en medida preventiva de prisión domiciliaria por los mismos hechos. No son los únicos, abundan los escándalos de corrupción y estrechos lazos entre la clase política del departamento y los grupos armados. Todo, en un territorio donde el 26,1 % de las personas se encuentran en pobreza multidimensional.
No basta, entonces, con lamentarnos y dar golpes de fuerza. Arauca es una pregunta abierta cuya respuesta ha sido pospuesta una y otra vez. La tragedia que hemos visto es evidencia de que no podemos esperar más por una solución.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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De poco ha servido tener el diagnóstico de lo que ocurre en Arauca. La Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas. La Fiscalía tiene procesados a los dos últimos gobernadores del departamento. Los discursos oficiales de los últimos gobiernos, incluido el de Iván Duque, han posicionado la zona como un espacio de interés para hacer presencia estatal. Aun así, tenemos por lo menos 22 personas asesinadas, 2.000 desplazadas y unas 10.000 que posiblemente serán afectadas debido a combates entre el Eln y las disidencias de las Farc. ¿Por qué se siente como que estamos escribiendo un editorial hecho para el 2004, no para el 2022?
Hablar de zozobra es quedarnos cortos. Juan Carlos Villate, personero de Tame (Arauca), dijo que el 2 de enero fue uno de los días “más violentos de los últimos diez años” en su región. Debido a los enfrentamientos entre grupos armados al margen de la ley, la ONU se pronunció pidiendo respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos de los civiles. La Defensoría del Pueblo, en marzo del 2021, emitió una alerta diciendo que podría haber “homicidios, masacres, ataques indiscriminados con interposición de población civil, instalación de artefactos explosivos improvisados, ‘plan pistola’ contra miembros de la fuerza pública, incremento de los secuestros extorsivos y con fines políticos, amenazas y extorsiones”. Eso es lo que está pasando. El Ejército, en un comunicado, dijo: “Rechazamos rotundamente estos hechos violentos entre estos grupos criminales, responsables de las afectaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en esta zona del país y que afecta a la población civil”.
El gobierno de Iván Duque, representado por el Ministerio de Defensa, anunció el envío de refuerzos y la realización de un consejo de seguridad el día de ayer. La labor de la fuerza pública es esencial para construir un corredor humanitario y acompañar a todas las personas afectadas. También para retomar el control inmediato. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿por qué no hemos podido evitar una tragedia anunciada? ¿Qué garantías de no repetición hay para el futuro próximo, más aún en época electoral?
A propósito de la tragedia, la Diócesis de Arauca hizo una lectura acertada y angustiante: “Con profunda preocupación recibimos las noticias sobre confrontaciones armadas entre los grupos insurgentes presentes en la región. Repitiendo de cierta manera la historia ya vivida entre los años 2004 a 2011 en Arauca”. El ciclo de violencia parece ininterrumpido: cambian algunos actores, otros permanecen y quienes pierden son los ciudadanos ante una institucionalidad incapaz de hacer presencia legítima.
Todo pasa, claro, por las fuerzas políticas. El actual gobernador, José Facundo Castillo, fue imputado por nexos con el frente Domingo Laín, del Eln. Su antecesor, Ricardo Alvarado (2016-2020), está en medida preventiva de prisión domiciliaria por los mismos hechos. No son los únicos, abundan los escándalos de corrupción y estrechos lazos entre la clase política del departamento y los grupos armados. Todo, en un territorio donde el 26,1 % de las personas se encuentran en pobreza multidimensional.
No basta, entonces, con lamentarnos y dar golpes de fuerza. Arauca es una pregunta abierta cuya respuesta ha sido pospuesta una y otra vez. La tragedia que hemos visto es evidencia de que no podemos esperar más por una solución.
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