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Los violentos tienen secuestradas las elecciones en Tuluá (Valle del Cauca). Al asesinato de tres funcionarios de la Secretaría de Tránsito, hace unos meses, se sumó el atentado con explosivos de hace una semana contra la sede de los juzgados de la ciudad. Aunque las autoridades anunciaron medidas, son insuficientes y el miedo prevalece. No se puede hablar de elecciones libres y mucho menos de una institucionalidad democrática cuando el poder detrás del poder se ejerce desde las cárceles y cuando los ciudadanos están aterrorizados por la capacidad de los violentos de hacerse sentir cada vez que lo desean. Sin control del Estado, continuará prevaleciendo el terror.
El problema no empezó este año, pero se ha venido recrudeciendo en los meses previos a las elecciones locales. Desde el año pasado, El Espectador viene haciendo seguimiento de las denuncias sobre lo que ocurre en Tuluá.
A finales del 2022, contamos que los líderes de las bandas en Tuluá siguen extorsionando a empresarios y campesinos desde las cárceles de La Dorada (Caldas) y Acacías (Meta). La Fiscalía considera que, a pesar de las capturas, hay una red de narcotráfico internacional que sigue a sus anchas y las autoridades están limitadas en su capacidad de actuar.
Eso es lo que hemos visto en los meses recientes. La Secretaría de Tránsito, botín electoral que se reparte junto con sus burocracias, está en la mira desde que asesinaron al periodista Marcos Efraín Montalvo, en 2021, por estar indagando sobre la corrupción en la entidad. En julio, fueron asesinadas Alejandra Guatapí, directora del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad; Katherine Toro, funcionaria del departamento, y el agente de tránsito John Jáiber Hincapié. Después se difundieron panfletos donde les decían a los periodistas que tenían que reportarlos a riesgo de convertirse en “objetivo militar”. Las investigaciones realizadas por El Espectador indican una pugna de poder entre los corruptos de la ciudad, apoyados por los violentos, para hacerse con el control de la entidad.
Para completar, el atentado de la semana pasada a la Rama Judicial creó una situación crítica. Se hizo un consejo de seguridad, pues los jueces dijeron que no participarían en las comisiones escrutadoras de las elecciones que se realizarán a finales de octubre. Este fin de semana, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Aurelio Rodríguez, dijo que las autoridades “se comprometieron con la Rama Judicial a prestarles seguridad a los jueces penales de este distrito, tanto a los cinco que están amenazados como a los cuatro que no lo están”, y anunció que “los servidores judiciales pueden prestar sus funciones de claveros y escrutadores de manera correcta y con seguridad de fuerza pública”.
Aunque es positivo que se asegure el escrutinio, nos preocupa que el optimismo de las autoridades niegue la gravedad de la amenaza. Tuluá lleva años bajo ataque y la institucionalidad es frágil. Sin cambios profundos, tememos lo peor.
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