Salidas fáciles

El exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett le concedió una entrevista a El Espectador con ocasión de la demanda que presentó ante la Corte Constitucional, que busca que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc tengan la misma fuerza vinculante que la de un tratado internacional. Sus declaraciones, que de nuevo le apuntan al delicado tema del aterrizaje de los acuerdos en el país, tienen preocupados a quienes cuentan con la posibilidad de que su voz sea tenida en cuenta una vez haya un acuerdo final en La Habana.

Montealegre, en sus palabras, le pidió al alto tribunal “declarar que los «acuerdos» suscritos no son simples actos políticos, sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional. Y en esa medida, que tienen soporte constitucional vinculante, como también en el derecho internacional”. Según el exfiscal, “las consecuencias serán múltiples: una, el control de los acuerdos estará en cabeza de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Dos, ninguna ley de la República podrá desconocerlos. Y tres, no tendrían que pasar por ningún tipo de convalidación jurídica, salvo por el control constitucional”.

En otras palabras, el Gobierno tendría que dejar de matarse la cabeza sobre los cálculos políticos para traducir los acuerdos en leyes de la República y la Corte Constitucional le estaría arrojando un salvavidas. Pero la solución no deja de sonar extraña cuando se pone en el contexto de las negociaciones de La Habana.

Desde que el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a un plebiscito para refrendar los acuerdos, hemos reiterado la misma idea: si bien no era necesario para aterrizar lo pactado, todas las conversaciones nacionales desde entonces se han realizado bajo la promesa de la refrendación popular, por lo que hoy es un imperativo que se cumpla. De lo contrario, los acuerdos, como fuese que llegaren al país, entrarían con justificadas dudas sobre su legitimidad.

Pero el punto va más allá. Aunque con vaguedad, el Gobierno está comprometido desde el principio con que el Congreso, en representación democrática del pueblo, tenga voz y voto en la reglamentación de los acuerdos con las Farc. Y sí, ahí también se corre el riesgo de que algunas cosas se caigan, o de que todo el esfuerzo se eche para atrás (aunque parece poco probable, dada la conformación actual del Legislativo), pero ese es el riesgo de la democracia.

Son loables las intenciones del exfiscal. Es verdad que lo que se pacte tiene que estar blindado de futuros gobiernos caprichosos que quieran cobrar venganza política echando todo por la borda. La seguridad de que los acuerdos se cumplirán es clave, además, para la confianza de los futuros guerrilleros desmovilizados. Pero, tal y como se han venido dando las cosas, y con las promesas que ya hay sobre la mesa, que la Corte Constitucional decida sin permitir verdadero poder decisivo en el pueblo y en el Congreso es lastimar esa solidez y avivar las voces que buscan sabotear todo el proceso tildándolo de ilegítimo.

El camino que queda está lleno de peligros y obstáculos, sí, pero es el necesario para el éxito del posconflicto. Parafraseando al exfiscal, esperamos que la Corte tenga la sabiduría de leer el momento histórico en el que se encuentra Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

El exfiscal general Eduardo Montealegre Lynett le concedió una entrevista a El Espectador con ocasión de la demanda que presentó ante la Corte Constitucional, que busca que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc tengan la misma fuerza vinculante que la de un tratado internacional. Sus declaraciones, que de nuevo le apuntan al delicado tema del aterrizaje de los acuerdos en el país, tienen preocupados a quienes cuentan con la posibilidad de que su voz sea tenida en cuenta una vez haya un acuerdo final en La Habana.

Montealegre, en sus palabras, le pidió al alto tribunal “declarar que los «acuerdos» suscritos no son simples actos políticos, sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional. Y en esa medida, que tienen soporte constitucional vinculante, como también en el derecho internacional”. Según el exfiscal, “las consecuencias serán múltiples: una, el control de los acuerdos estará en cabeza de la Corte Constitucional y no del Consejo de Estado. Dos, ninguna ley de la República podrá desconocerlos. Y tres, no tendrían que pasar por ningún tipo de convalidación jurídica, salvo por el control constitucional”.

En otras palabras, el Gobierno tendría que dejar de matarse la cabeza sobre los cálculos políticos para traducir los acuerdos en leyes de la República y la Corte Constitucional le estaría arrojando un salvavidas. Pero la solución no deja de sonar extraña cuando se pone en el contexto de las negociaciones de La Habana.

Desde que el presidente Juan Manuel Santos se comprometió a un plebiscito para refrendar los acuerdos, hemos reiterado la misma idea: si bien no era necesario para aterrizar lo pactado, todas las conversaciones nacionales desde entonces se han realizado bajo la promesa de la refrendación popular, por lo que hoy es un imperativo que se cumpla. De lo contrario, los acuerdos, como fuese que llegaren al país, entrarían con justificadas dudas sobre su legitimidad.

Pero el punto va más allá. Aunque con vaguedad, el Gobierno está comprometido desde el principio con que el Congreso, en representación democrática del pueblo, tenga voz y voto en la reglamentación de los acuerdos con las Farc. Y sí, ahí también se corre el riesgo de que algunas cosas se caigan, o de que todo el esfuerzo se eche para atrás (aunque parece poco probable, dada la conformación actual del Legislativo), pero ese es el riesgo de la democracia.

Son loables las intenciones del exfiscal. Es verdad que lo que se pacte tiene que estar blindado de futuros gobiernos caprichosos que quieran cobrar venganza política echando todo por la borda. La seguridad de que los acuerdos se cumplirán es clave, además, para la confianza de los futuros guerrilleros desmovilizados. Pero, tal y como se han venido dando las cosas, y con las promesas que ya hay sobre la mesa, que la Corte Constitucional decida sin permitir verdadero poder decisivo en el pueblo y en el Congreso es lastimar esa solidez y avivar las voces que buscan sabotear todo el proceso tildándolo de ilegítimo.

El camino que queda está lleno de peligros y obstáculos, sí, pero es el necesario para el éxito del posconflicto. Parafraseando al exfiscal, esperamos que la Corte tenga la sabiduría de leer el momento histórico en el que se encuentra Colombia.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.