Sanciones ejemplares para el cartel de enfermedades mentales

No es justo que los recursos de la salud, tan escasos, se pierdan en esas redes de corrupción mientras hay pacientes desatendidos. / Foto: Pixabay

Avanzan los procesos contra los presuntos responsables del “cartel de enfermedades mentales”, una operación nefasta que en Sucre cobró multimillonarias sumas por medicamentos para personas que no padecían ninguna enfermedad. Con una condena y una negativa de principio de oportunidad se demuestra el compromiso de la justicia con sancionar a los responsables. Falta dilucidar, no obstante, si hay líderes políticos pasando de agache en todo el escándalo.

Este caso es particularmente frustrante, no sólo por involucrar la corrupción que tanto indigna a los colombianos, sino por haberse aprovechado de un sistema de salud que, de por sí, trata con deficiencia las enfermedades mentales. En Colombia todavía abundan los prejuicios y el desconocimiento sobre las enfermedades de la mente; son muchísimas las personas que viven sin ser diagnosticadas y que, cuando reciben tratamientos, no tienen manera fácil de acceder a los medicamentos adecuados. Por eso, que se roben el dinero que sí está destinado para cubrir estos casos se siente como una ofensa doble.

Esta semana, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Conocimiento de Sincelejo (Sucre) expidió dos decisiones. La primera es una condena a diez años y cuatro meses de prisión a Ernesto Bladimir González Ospino, quien aceptó cargos de peculado a favor de terceros, concierto para delinquir, falsedad en documento privado y destrucción supresión y ocultamiento de documento privado.

González Ospino, en su rol de representante legal de la IPS Nuevos Amaneceres S.A.S., entre el 2012 y el 2015 fue el encargado de tramitar los cobros y reclamaciones para el pago de hospitalización de pacientes que supuestamente padecían enfermedades mentales. Fue él quien se presentó ante las autoridades sanitarias de Sucre y ante la Gobernación con historias clínicas y formularios falsos que justificaban el uso de medicamentos que no estaban incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS).

En total, su labor terminó en la expedición de 13 resoluciones por un valor de más de $3.200 millones, según reporta Caracol Radio. Éstas, por cierto, llevaban las firmas de la Secretaría de Salud y la Gobernación de Sucre. Este valor es más de la mitad del dinero total que la Secretaría de Salud de Sucre pagó por medicamentos para tratar enfermedades mentales en esos años. Un descalabro monumental.

La segunda decisión del Juzgado Cuarto fue negar el preacuerdo de la Fiscalía con Ronaldo Herazo Bertel, quien al parecer sería la cabeza del cartel de enfermedades mentales. El ente investigador lo acusa de concierto para delinquir, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito de particulares por presuntamente haber liderado una operación que le quitó cerca de $5.000 millones al sistema de salud en Sucre.

Para el Juzgado, el pacto propuesto por la Fiscalía no era lo suficientemente sancionatorio, además de ofrecer una casa por cárcel que no opera por mediar un detrimento a los recursos públicos. Compartimos estas reflexiones. Las sanciones, aunque los implicados han colaborado, deben ser ejemplarizantes. Este tipo de carteles, en distintas dimensiones, existen gracias al silencio, a la impunidad y a la sensación de que en las regiones hay protección contra los reflectores de la justicia.

No podemos permitir que sigan ocurriendo escándalos de este tipo. No es justo, además, que los recursos de la salud, tan escasos, se pierdan en esas redes de corrupción mientras hay pacientes desatendidos. Queda la pregunta: ¿y la responsabilidad política por lo ocurrido?

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