:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/VwRejheaDrR_TF7_raKy6YFhyD0=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/JKR2Q2YF2RD23MTPQF7G75A2F4.jpg)
Mientras las economías globales se resienten por los efectos de las medidas para contener el Covid-19 y, al mismo tiempo, los precios del petróleo se han desplomado, porque la OPEP y Rusia se han enzarzado en una guerra de precios, Colombia sigue avanzando en sus pruebas pilotos para el uso de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales (fracking). La desconfianza de la sociedad civil y varios sectores políticos es entendible, en medio de la emergencia climática y de una práctica que cada vez es más vista en otros países, pero sigue siendo necesario tener datos de los efectos que implementar el fracking puede tener en Colombia. La experimentación se debe poder hacer cuanto antes.
Ha sido un largo camino. Desde que el gobierno de Iván Duque anunció estar abierto a la posibilidad de usar el fracking, la oposición ha sido férrea en varios sectores de la población. Incluso, antes de llegar a la presidencia, el ahora presidente se había expresado en contra del uso de esta técnica en el país. Sin embargo, la amenaza inminente contra la independencia energética es latente.
El tema es el siguiente. Como ha explicado Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, si el país tuviera que importar petróleo para cargar las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (que tienen una capacidad de 380.000 barriles diarios) y así suministrar el combustible que requiere Colombia, se tendría que disponer de recursos por el orden de los $30 billones anuales. En el mismo sentido, en entrevista reciente con El Tiempo, la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, dijo que “por primera vez tenemos menos de diez años de reservas de gas y las proyecciones de producción y demanda, de no desarrollar nuevas fuentes, indican que necesitaremos importar gas a partir de 2024. Es decir, estamos en un momento crucial frente a la autosuficiencia energética del país”.
El fracking, entonces, se propone como una solución inmediata. Sin embargo, su adopción no es tan sencilla. Aunque en otros países la técnica ha permitido aumentar las reservas de gas y petróleo, también son conocidos sus efectos ambientales negativos. Es justo el reclamo de los colombianos que no ven a Colombia modificando, con suficiente ambición y velocidad, su matriz energética para enfrentar los retos de la emergencia climática. Es evidente que los combustibles fósiles son una solución pasajera para un problema mucho más profundo.
Con la expedición del decreto 328, el Ministerio de Minas y Energías culmina la fase de reglamentación de los programas pilotos de fracking. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Expertos que se reunió el año pasado, en Colombia se realizarán una serie de pruebas para poder evaluar los efectos de la técnica en el medioambiente y si es posible obtener licencia social de las comunidades. Como escribió Juan Pablo Ruiz Soto en El Espectador, “hoy es prematuro decir si Colombia hará o no fracking comercial. Primero investiguemos, conozcamos mejor nuestro ambiente y las implicaciones del fracking sobre nuestros ecosistemas y nuestro bienestar y el del planeta, para tomar así una determinación ilustrada”.
Es razonable esperar a los resultados de los estudios para la evaluación final. Allí es donde los esfuerzos políticos y de la sociedad civil deberán concentrarse para tomar la mejor decisión para Colombia.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos de lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Por favor, considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.