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El Gobierno nacional no se ha tomado en serio la sensación de muchos colombianos sobre cómo los grupos criminales están aprovechando los procesos de paz para burlarse del país. Y luego aterrizan escándalos tan dañinos como la fiesta en la cárcel de Itagüí, donde se demostró que los capos no solo se sienten dueños y señores de los centros de retención en Colombia, sino que les importa poco cumplir las normas y dar gestos de una resocialización genuina. Al cierre de esta edición, las bandas criminales le enviaron una carta al Gobierno, aún sin responder, pidiendo que se reanuden los diálogos. La Casa de Nariño tiene que considerar muy bien qué exigencias pone sobre la mesa, porque la indignación le hace daño a la legitimidad de una paz que todos añoramos.
Que las cárceles del país tienen dinámicas internas por encima de las normas es un secreto a voces, a menudo retomado en sentencias de la Corte Constitucional, pero que los gobiernos han hecho poco para entrar a solucionar. Es una mezcla de falta de voluntad con pragmatismo: ante el hacinamiento y el poder de los criminales, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) hace lo que puede con pocos recursos. Hace poco, en este mismo espacio, discutimos cómo el asesinato de funcionarios del Instituto es una tragedia constante para la cual no hay salida fácil. Sin embargo, los videos que conoció el país de la fiesta realizada en la cárcel de Itagüí pusieron de presente las falencias estatales, la indiferencia del Gobierno nacional y el hecho de que los procesos de paz son utilizados por los criminales para fortalecerse y andar a sus anchas.
Para la muestra, un botón. Cuando estalló el escándalo, el Inpec llevó a cabo una redada sorpresa y encontró, entre otras cosas, tres teléfonos celulares con accesorios, un módem de internet, unos manos libres, un computador portátil, una tableta, una consola de videojuegos tipo PlayStation con controles para seis personas, 1.323 gramos de “sustancia vegetal”, 271 gramos de “sustancia pulverulenta” (ambas drogas), 375 mililitros de aguardiente, 2.250 mililitros de champaña y 750 mililitros de licor tipo Smirnoff. ¡Hasta encontraron electrodomésticos! No nos pueden decir que hasta ahora el Gobierno se está enterando de la decadencia que se da dentro de las cárceles del país.
Todo esto nos lleva a los diálogos de paz. Cuando se enteró de la noticia, la delegación del Gobierno en el Espacio de Conversación Sociojurídico (ECSJ) con bandas de Medellín y el Valle de Aburrá suspendió la agenda de diálogos y emitió un comunicado. “Rechazamos de manera contundente y categórica lo ocurrido, y a partir del día de hoy suspendemos la agenda de interlocución con los Voceros de las Estructuras hasta no tener claridad sobre su responsabilidad en los hechos ocurridos”, dijeron. En una carta de respuesta, los grupos criminales pidieron disculpas: “les ofrecemos a través de la presente excusas públicas y asumimos la responsabilidad política que nos corresponde como voceros de paz y personas privadas de la libertad en proceso de resocialización. Entendemos y lamentamos el grave daño que dicho evento genera a la confianza y credibilidad que la sociedad y el Gobierno Nacional nos ha depositado”. No sabemos, al momento del cierre, qué hará la Casa de Nariño.
Lo que sí sabemos es que esta clara burla al proceso de paz y al país entero no debería ser aceptada sin consecuencias. No solo por la legitimidad de lo que eventualmente se acuerde, sino porque el Gobierno ha tenido problemas para convencer a los colombianos de que ha sido prudente en los beneficios que extiende a los criminales. Están ofendiendo a la Presidencia y a todos los colombianos. ¿Cómo vamos a responder?
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