Se debe replicar el caso de Colpensiones

La renuncia de Mauricio Olivera a la dirección de Colpensiones, después de cuatro años en el cargo, culmina una de las etapas de transformación de esa entidad pública más impresionantes y esperanzadoras en la historia reciente del país. De ser un símbolo de la ineficiencia estatal, ahora es un modelo a seguir de cómo administrar lo público. El reto para quien lo suceda en el cargo, y para el resto de instituciones gubernamentales, es emular y seguir evolucionando sobre los triunfos de Olivera.

Con el tránsito del Seguro Social a Colpensiones, la situación era un desastre. Por eso, la Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional motivado en que la entidad tenía por resolver más de 300.000 solicitudes de pensiones y otras 100.000 tutelas sin respuesta. Había casos extremos donde los colombianos debían esperar hasta una década entera para recibir su pensión.

Como si todo eso fuese poco, el sistema público de pensiones era sinónimo, en el imaginario nacional, de la peor corrupción burocrática, donde los funcionarios aprovechaban la inoperancia para cobrar comisiones ilícitas. Pese a tener diez veces más afiliados que las entidades privadas de pensiones, no había manera de cumplirles a todas las personas que pusieron su confianza en el régimen público.

Cuatro años después, Olivera deja el cargo con resultados contundentes. No sólo se sanearon las solicitudes pendientes, sino que la reestructuración de la entidad y del sistema la tiene concediendo pensiones en un tiempo récord de mes y medio. Además, la predisposición a los nombramientos técnicos ha logrado combatir de manera efectiva la corrupción. Tal vez más importante aún, se recuperó la confianza de los colombianos en Colpensiones, una de las entidades más relevantes para el bienestar de los colombianos.

La estrategia utilizada para conseguir estos resultados es un claro ejemplo para toda la administración pública nacional. Rehusándose a la idea de que sólo los privados pueden gestionar entidades de manera eficiente, Olivera aplicó los principios de toda buena empresa en Colpensiones. ¿No puede hacerse lo mismo en tantas otras entidades estatales que funcionan de manera ineficiente, perjudicando a los colombianos y fomentando la corrupción?

Por supuesto, el tema pensional está lejos de resolverse. No obstante, coincidimos con el director saliente sobre la importancia de no caer en alarmismos ni en promover que se desmantele el sistema público. Como le dijo Olivera a El Heraldo, “la solución no es cerrar Colpensiones. Obviamente hay un problema de sostenibilidad que hay que revisar, pero no implica que haya una bomba pensional”.

El reto para el próximo director de Colpensiones y para el siguiente presidente de la República es impulsar una reforma pensional que sea consciente de que la realidad laboral de los colombianos ha cambiado (los jóvenes ya no se proyectan en la misma empresa toda su vida), y que hay que fomentar, a través de beneficios, el ahorro juicioso bajo esas nuevas condiciones. También, seguir llevando a Colpensiones a ser competitiva, en calidad y eficiencia, con los fondos privados. Nos gusta la idea que deja Olivera de pensar que el régimen público se enfoque en ayudar, a través de incentivos, a los colombianos con menos ingresos.

Las discusiones continúan, pero ojalá lo ocurrido con Colpensiones sirva, de una vez por todas, para favorecer los nombramientos técnicos por encima de los políticos. Las instituciones, y los colombianos, agradecen cuando prima la competencia sobre cualquier otra consideración.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

La renuncia de Mauricio Olivera a la dirección de Colpensiones, después de cuatro años en el cargo, culmina una de las etapas de transformación de esa entidad pública más impresionantes y esperanzadoras en la historia reciente del país. De ser un símbolo de la ineficiencia estatal, ahora es un modelo a seguir de cómo administrar lo público. El reto para quien lo suceda en el cargo, y para el resto de instituciones gubernamentales, es emular y seguir evolucionando sobre los triunfos de Olivera.

Con el tránsito del Seguro Social a Colpensiones, la situación era un desastre. Por eso, la Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional motivado en que la entidad tenía por resolver más de 300.000 solicitudes de pensiones y otras 100.000 tutelas sin respuesta. Había casos extremos donde los colombianos debían esperar hasta una década entera para recibir su pensión.

Como si todo eso fuese poco, el sistema público de pensiones era sinónimo, en el imaginario nacional, de la peor corrupción burocrática, donde los funcionarios aprovechaban la inoperancia para cobrar comisiones ilícitas. Pese a tener diez veces más afiliados que las entidades privadas de pensiones, no había manera de cumplirles a todas las personas que pusieron su confianza en el régimen público.

Cuatro años después, Olivera deja el cargo con resultados contundentes. No sólo se sanearon las solicitudes pendientes, sino que la reestructuración de la entidad y del sistema la tiene concediendo pensiones en un tiempo récord de mes y medio. Además, la predisposición a los nombramientos técnicos ha logrado combatir de manera efectiva la corrupción. Tal vez más importante aún, se recuperó la confianza de los colombianos en Colpensiones, una de las entidades más relevantes para el bienestar de los colombianos.

La estrategia utilizada para conseguir estos resultados es un claro ejemplo para toda la administración pública nacional. Rehusándose a la idea de que sólo los privados pueden gestionar entidades de manera eficiente, Olivera aplicó los principios de toda buena empresa en Colpensiones. ¿No puede hacerse lo mismo en tantas otras entidades estatales que funcionan de manera ineficiente, perjudicando a los colombianos y fomentando la corrupción?

Por supuesto, el tema pensional está lejos de resolverse. No obstante, coincidimos con el director saliente sobre la importancia de no caer en alarmismos ni en promover que se desmantele el sistema público. Como le dijo Olivera a El Heraldo, “la solución no es cerrar Colpensiones. Obviamente hay un problema de sostenibilidad que hay que revisar, pero no implica que haya una bomba pensional”.

El reto para el próximo director de Colpensiones y para el siguiente presidente de la República es impulsar una reforma pensional que sea consciente de que la realidad laboral de los colombianos ha cambiado (los jóvenes ya no se proyectan en la misma empresa toda su vida), y que hay que fomentar, a través de beneficios, el ahorro juicioso bajo esas nuevas condiciones. También, seguir llevando a Colpensiones a ser competitiva, en calidad y eficiencia, con los fondos privados. Nos gusta la idea que deja Olivera de pensar que el régimen público se enfoque en ayudar, a través de incentivos, a los colombianos con menos ingresos.

Las discusiones continúan, pero ojalá lo ocurrido con Colpensiones sirva, de una vez por todas, para favorecer los nombramientos técnicos por encima de los políticos. Las instituciones, y los colombianos, agradecen cuando prima la competencia sobre cualquier otra consideración.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.