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La denuncia reciente contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación del Congreso de la República por el contrato de defensa jurídica internacional no tiene sentido. Si bien es cierto que el mandatario ha manejado de manera errática e impulsiva las relaciones con Estados Unidos y que su actuar en Nueva York fue, cuando menos, imprudente, es ilógico argumentar que no es un asunto de Estado el hecho de que sobre la Presidencia de la República recaigan sanciones financieras. Un presidente no se quita la camiseta del cargo en ningún momento durante los cuatro años de su mandato y, aunque costoso, es comprensible que, en defensa del país, se busquen soluciones consultando voces expertas. Eso es precisamente lo que ocurrió en este caso.
La cifra suena exorbitante. Los COP 10.000 millones contratados por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) son, en efecto, un dineral que cae particularmente mal ante los problemas de financiación que tiene el Estado colombiano. Que sea por solo cuatro meses —pues termina el 30 de abril de este año y se suscribió el 9 de enero— sin duda ayuda a la indignación. Sin embargo, la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited, que tiene sede en Reino Unido, es experta en decisiones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) y su reputación internacional es garantía para Colombia. Ese es el tipo de honorarios que se suelen cobrar en contratos similares.
La denuncia ante la Comisión de Acusación argumenta que se dispuso de presupuesto público para pagar honorarios a abogados para iniciar acciones jurídicas que son relativas a temas netamente personales y que nada tienen que ver con el ejercicio de su cargo. Eso no es cierto. Para empezar, en la justificación que dio el gobierno de Estados Unidos para sancionar al presidente Petro se citaron aspectos de su administración: desde los fallidos procesos de “paz total” hasta el número de hectáreas de coca cultivadas. La inclusión en la lista Clinton fue una retaliación política y un juicio de valor sobre su desempeño como presidente. Adicionalmente, el hecho de cargar encima esa estigmatización dificulta su trabajo como representante de los colombianos en el mundo. Quien fue incluido en esa lista no fue solo Gustavo Petro como individuo, sino el presidente de Colombia.
En un comunicado que detalla la contratación de la firma de abogados, el Dapre explicó que “desde 1938 el Estado colombiano ha recurrido, de manera regular y transparente, a firmas especializadas en Estados Unidos, a través de distintos gobiernos y entidades, con el propósito de fortalecer su interlocución internacional”, y mencionó a los tres pasados gobiernos por los contratos de este tipo que suscribieron.
También dijo que el objetivo del contrato es “analizar, anticipar y gestionar riesgos derivados de regímenes internacionales de sanciones financieras, cuyos efectos pueden impactar de manera grave y transversal al país en su conjunto”. Eso es cierto. Una sanción contra quien ocupe la Presidencia de la República pone en riesgo los intereses de Colombia entera.
Claro, el presidente Petro utilizó su ya conocida ligereza y agresividad para defender este contrato. “Eso nos costó las consecuencias de las visitas de la oposición a Washington y a Miami buscando invasiones y muertos y cárceles... querían hasta invasión y extracción y no sé cuántas cosas más, apátridas”, escribió en su cuenta de X. Ese tipo de actitud también le ha causado daños al país, no lo dudamos. No obstante, como presidente, tiene derecho a una defensa de calidad y pagada con recursos públicos.
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