1 Jun 2020 - 5:00 a. m.

Se necesitan todas las formas posibles de transporte

El Espectador

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Si algo han dejado en evidencia estos meses lidiando con la inesperada pandemia del COVID-19 han sido las múltiples tareas urgentes y por años aplazadas por evitar asumir el costo político o por favorecer abiertamente a grupos de interés muy poderosos. Nos hemos encontrado de manera palpable con cuentas de cobro vencidas en la salud, la seguridad social y la economía que ha tocado intentar saldar a las carreras y de manera creativa a través de los estados de emergencia y sus decretos. Hoy, cuando la expansión del contagio comienza a mostrar un crecimiento de alarma en el país, y particularmente en las grandes ciudades comenzando por la capital, el aplazamiento de la regulación para las plataformas de movilidad resulta crítico, a medida que el transporte público se satura y comienza a ser foco principal de contagio con la apertura casi general que ya en la práctica opera en Colombia desde esta semana.

En Bogotá, el ejemplo más patente, la alcaldesa Claudia López anunció la semana pasada que el sistema zonal de Transmilenio había llegado al 34 % y el troncal ya tocaba el 21 %, muy cerca del umbral del 35 % que se ha fijado, superado el cual se tendría que cerrar Transmilenio. Es decir que, por más medidas de horarios diferenciales que se impongan, el sistema de transporte público en Bogotá —y la situación no es muy diferente en otras ciudades— está al límite. Hay que pensar en alternativas.

En momentos de normalidad, se entiende que la organización y regulación del transporte se haga de manera muy técnica y cuidadosa. Pero no son tiempos normales y el transporte resulta hoy vital, tanto para la salud como para la reactivación económica. Ya representantes de los taxis y del transporte especial han presentado propuestas para que se flexibilicen los límites de su servicio. Las plataformas tecnológicas, en boga en todo el mundo, también han pedido pista. Medidas temporales de emergencia para que todas estas formas de transporte puedan sumarse a la oferta parecen convenientes desde varios puntos de vista.

La contribución a reducir la densidad en el transporte público es, sin duda, la consideración más urgente. Pero hay otras ventajas nada despreciables. Por ejemplo, la trazabilidad —esencial en el control de la pandemia—, pues, en el caso de las plataformas tipo Uber o Didi, tanto el conductor como el pasajero están identificados y los recorridos son registrados por GPS. De ahí en adelante, las posibilidades de ampliar esa trazabilidad son infinitas. También, otro ejemplo, ante la inminencia, por lo menos en Bogotá, de tener que declarar nuevas zonas aisladas o con regímenes especiales de movilidad, estas plataformas permiten deshabilitar fácilmente el servicio en esas áreas de la ciudad. La activación temporal de estas plataformas podría ser un alivio para muchas familias que se han quedado sin ingresos y poseen un vehículo que podrían poner a producir. Y así.

Cierto, este servicio tiene las complejidades de la nueva economía que no se pueden solucionar de manera rápida y, en ese sentido, tiene lógica que el Gobierno haya escogido el camino legislativo para encontrar una solución definitiva. En eso estábamos: a la espera de una ley, cuyo proyecto en el Congreso ni siquiera se ha discutido, el Gobierno no ha impulsado y, hoy, las comisiones donde podría debatirse no sesionan. Quizás en la “nueva normalidad” pos-COVID-19 se entienda que no es bueno aplazar las tareas urgentes. Pero mientras a eso llegamos, si es que llegamos, conviene entender que, hoy y ahora, la activación temporal de las plataformas de movilidad puede ser de gran ayuda para el manejo de esta crisis.

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