Semáforos en rojo

La Secretaría de Movilidad habrá de responder a más de una anomalía denunciada por congresistas y medios de comunicación. La millonaria licitación, inicialmente del orden de los $210 mil millones, fue suspendida a la espera de una correcta explicación a muchos y preocupantes interrogantes.

Las sospechas frente a la posibilidad de que se estuviera dirigiendo el proceso licitatorio hacia una empresa en particular iniciaron hace ya un buen tiempo. “Queremos una sana competencia”, “queremos protocolos abiertos que generen pluralidad” y “vamos a tener una ciudad más moderna y eficaz”, fueron algunas de las diplomáticas salidas con que la subsecretaria de Movilidad, Ángela Piedad Arenas, capoteó las primeras denuncias. Ocurrió que 15 de los 23 participantes iniciales en la licitación denunciaron que se les estaba obligando a cumplir con un protocolo específico de comunicación para la semaforización. Quiere esto decir, con una tecnología particular, que sólo un par de empresas estaban en capacidad de ofrecer.

Un tiempo después vinimos a enterarnos de que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) fue quien sugirió que se utilizara, siguiendo un orden de prioridad, las tecnologías NTCIP, OCIT y UTMC. La recomendación fue acatada de plano por la Secretaría de Movilidad. Con dos agravantes: la persona que lideró el proceso en el DNP ejercía funciones parecidas en la Secretaría de Movilidad. Y la tecnología finalmente escogida, la NTCIP, ni es la conveniente ni está a tono con el supuesto espíritu de modernización que rodea todo el proceso.

Como lo ha explicado diáfanamente el concejal del Polo Carlos Vicente de Roux, para que un sistema de semaforización pueda ser considerado hoy por hoy de avanzada, debe ser adaptativo. Su ajuste a la cantidad de tráfico se hace en tiempo real. Otros esquemas de funcionamiento basan su operatividad en una programación preestablecida que se alimenta del conteo periódico del tráfico de vehículos. La tecnología NTCIP, que sugirió Planeación y acogió como obligatoria la Secretaría de Movilidad, no estaría en capacidad de asegurar los requerimientos de un sistema adaptativo.

Todo lo cual bien pudo ser una anomalía más en un proceso de licitación, acaso una discusión repleta de tecnicismos frente a la que la atención de la opinión pública es usualmente baja, de no haber aparecido una denuncia más. Y en esta ocasión por “copialina”. Un plagio en los pliegos licitatorios de un proceso de semaforización llevado a cabo en Panamá en 2007 fue detectado por el representante a la Cámara Simón Gaviria. Ante tan inusual despropósito, la Contraloría General, el Zar Anticorrupción, la Personería Distrital y la Contraloría reaccionaron exigiendo aclaraciones.

Y no era para menos. Se dice también que si la licitación insiste en exigir el sistema NTCIP, sólo habrá dos empresas en capacidad de participar. Una de estas, de nombre Telvent, casualmente es la misma a la que se le adjudicó la semaforización en Panamá, cuyos pliegos fueron replicados.

A más de las disculpas por el comportamiento antiético que supone todo plagio, la administración distrital está en la obligación de despejar el camino de sospechas que llevan a pensar que estamos ante otro caso de corrupción.