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La batalla del expresidente Álvaro Uribe Vélez por destruir la necesaria labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es un error histórico que enloda su legado como líder político. Su respuesta al reconocimiento que dos decenas de militares hicieron ante los tribunales de paz sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas durante su administración está llena de tergiversaciones y argumentos problemáticos; pero, sobre todo, se trata de un acto de agresión al intento por construir una justicia transicional que le aporte al país.
Contrasta la agresividad y negación del expresidente Uribe con la realidad de las audiencias de reconocimiento de responsabilidad. Las víctimas, en primera fila, han podido mostrar su frustración, su dolor y también su alivio al ver que sus reclamos de tantos años por fin están siendo reconocidos. Esta semana, con el reconocimiento de militares sobre ejecuciones extrajudiciales en Casanare, la frase constante fue la misma: motivados por los beneficios que otorgaba el Ejército, mintieron una y otra vez, disfrazaron a inocentes que asesinaron para hacerlos pasar por guerrilleros, y fueron celebrados como héroes de la política de seguridad democrática. Después de años de justicia a medias, de condenas sin reconocimiento de responsabilidad, de procesos que no llegaban a ninguna parte, los tribunales de paz están arrojando luces sobre la tragedia y la vergonzosa traición que representantes del Estado llevaron a cabo en varias zonas del territorio colombiano.
En síntesis, el expresidente Uribe se defiende con tres argumentos. El primero es que en su gobierno se obtuvieron resultados en la disminución de homicidios, así como logros en la lucha contra el narcotráfico y las guerrillas. ¿Y? Eso no justifica que, en el marco de la seguridad democrática, haya habido un aumento descontrolado de ejecuciones extrajudiciales y luego un intento desde los niveles más altos del Estado para silenciar a las voces que lo denunciaban.
El segundo argumento es que, en palabras del expresidente, “el diseño de la JEP estimula, en aras de la libertad, a reconocer incluso delitos no cometidos”. Esa tergiversación de la realidad es preocupante. Y más que eso, rayana en la canallada cuando el expresidente agrega que “este diseño también facilita presentar como inocentes a quienes estaban delinquiendo, así sus familias no lo supieran”. En lugar de bajar la cabeza con respeto y contrición, Uribe escoge insistir en negar la barbarie y el sufrimiento de tantos colombianos. Todos los sistemas jurídicos ofrecen incentivos a cambio del reconocimiento de la verdad; Justicia y Paz, diseñado bajo su gobierno, hacía lo mismo. Además, la JEP no acepta los testimonios tal cual se emiten, sino que tiene todo un equipo de verificación de que lo que se declare sea cierto. Tal vez más importante, ahí están las familias de las víctimas, que llevan años buscando que sus caídos sean por fin reconocidos.
Finalmente, el expresidente se escuda en que no reconoce a la JEP porque fue impuesta por “FARC, por Cuba y Venezuela” y además fue “rechazada en el plebiscito”. ¡Vaya argumento falaz! El diseño de la JEP ha sido celebrado por la Corte Penal Internacional, por el Consejo de Seguridad de la ONU, por expertos jurídicos en todo el mundo y por los países garantes, varios de ellos democracias liberales en todo su esplendor. Durante estos años, los tribunales de paz han traído justicia y nuevos descubrimientos a casos sumidos en la impunidad. Seguir minando su credibilidad es un cálculo político que no tiene sustento en la realidad.
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