Ser Pilo Paga como política de Estado

Bienvenidas las nuevas reglas de SPP con incentivos para que los estudiantes escojan las universidades públicas. Fortalecerlas es un complemento esencial del programa. / Presidencia

La promesa de Ser Pilo Paga (SPP) tiene mucho poder simbólico: es el Estado diciéndoles cada año a 10.000 estudiantes de los estratos más bajos que, si demuestran disciplina y compromiso con el estudio, podrán cursar su pregrado en las mejores universidades de Colombia. En medio de todas las dificultades por la desigualdad económica del país, es una propuesta novedosa que cambia de manera tangible e inmediata la vida de los beneficiados. Aunque no puede considerarse como la única apuesta, pues claramente los problemas del sistema educativo sobrepasan los alcances del programa, debería buscarse la manera de darle sostenibilidad a largo plazo. Por eso, son bienvenidas las nuevas reglas de SPP anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos, aunque quedan varias preguntas en el aire.

El presidente dijo que “estamos convencidos de que no hay una mejor política para impulsar la equidad y construir la paz que apostar por la educación”. Aunque suene a lugar común, es cierto: si el país no se llena de oportunidades de progreso, ancladas en la educación, van a persistir las raíces de la violencia. Ya lo estamos viendo en aquellos lugares donde el Estado no ha sido capaz de llegar y donde la única opción de subsistencia es entrar, por ejemplo, a las cadenas productivas del narcotráfico.

Por eso, es intención del gobierno Santos, antes de terminar su mandato, convertir SPP en una política de Estado a través de un proyecto de ley. Aunque apoyamos la medida, quedan en el aire dos preguntas importantes a largo plazo: ¿Cómo logramos que los recursos del programa también entren a las universidades públicas? Y, tal vez más importante para la solidez del programa: ¿Cómo lo vamos a financiar a largo plazo?

La primera pregunta es particularmente urgente, pues el 82 % de los 30.000 “pilos” actuales prefirieron las universidades privadas. Esto se debe a varios factores, entre ellos que los resultados de las pruebas no les son suficientes para entrar a las públicas y que las privadas ofrecen ciertas ventajas en el mundo laboral en comparación con la mayoría de las universidades estatales regadas por el territorio. Sin embargo, sí debe buscarse que para los estudiantes sea atractivo entrar al sistema público, dado que ellas son la apuesta mayor del Estado para educar a todos los colombianos.

Por eso, celebramos que en la nueva reglamentación de SPP (que becará a 10.000 nuevos “pilos”, llegando a un total de 40.000) se propongan varios incentivos para que el número de estudiantes en las públicas apoyadas por el programa llegue al 30 %. Entre ellos, que se den dos semestres de plazo (en lugar de uno) para que los estudiantes apliquen a las públicas después de graduarse del colegio, medio salario mínimo adicional al apoyo de sostenimiento de los estudiantes que entren a las públicas y un cambio en la metodología para calcular cuánto dinero entra a las universidades públicas por cada estudiante, de tal manera que sea equiparable a lo que se paga en una privada, garantizando así más recursos en el sistema estatal.

También es una buena noticia que las universidades privadas se comprometieran a que sus matrículas no crezcan por encima del Índice de Costos de la Educación Superior, ayudando así a que se puedan predecir los costos del programa a largo plazo.

La preocupación entre directivos de universidades públicas es que sigue sin ser claro cómo se va a financiar SPP a futuro, pues hasta ahora se han compartido los recursos que antes eran destinados exclusivamente al sistema educativo del Estado. Compartimos la necesidad de que se busquen alternativas. La desfinanciación de las universidades públicas en el territorio tiene parte de la culpa de que no sean tan competitivas ante las privadas, lo que no sólo afecta a los “pilos”, sino a los cientos de miles de colombianos que se gradúan año a año y que no pueden acceder a las becas de SPP.

La educación debería convertirse en uno de los debates esenciales durante las elecciones del 2018, pues es un reto cada vez mayor. La pregunta es cómo hacer un plan de inversión ambicioso, en medio de una economía precaria, para combatir la desigualdad y la falta de oportunidades. La administración Santos dio un primer e importante paso con SPP, pero los problemas estructurales persisten. ¿Quién propondrá la próxima gran idea?

 

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