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Se equivocan quienes piden una suspensión provisional del decreto de emergencia económica expedido por la administración de Gustavo Petro. Desde el magistrado de la Corte Constitucional Carlos Camargo hasta múltiples opinadores, que han pedido una intervención de ese estilo, parecen estar más concentrados en el gobierno de turno que en las nefastas consecuencias que se producen cuando se saltan las normas establecidas. Sí, estamos de acuerdo en que la emergencia tendrá que tumbarse en la decisión de fondo que tome el alto tribunal, pero estrenar una figura creada por jurisprudencia frente a una emergencia dejaría golpeada la legitimidad de los magistrados, crearía un precedente dañino y, paradójicamente, alteraría el orden constitucional.
La suspensión provisional no es una figura que esté en la Constitución ni en las leyes. Fue desarrollada por la Corte Constitucional en su jurisprudencia como un mecanismo excepcional. De hecho, es tan extraordinario que, a la fecha, no se ha utilizado. El objetivo del mecanismo es evitar la ocurrencia de daños irreparables, un fin loable, pero sigue siendo un acto de legislación creado por la Rama Judicial. Cada uno de los magistrados, independientemente de su postura ideológica, debe tener muy presente que la Corte Constitucional no se creó para concebir normas y que sus poderes, delimitados por la Carta Política, exigen un uso con extrema prudencia y responsabilidad.
En ese contexto, sería extraño que la suspensión se utilice contra un decreto de emergencia. En su argumentación, el novato magistrado Camargo, cuya elección de por sí tuvo serias dudas de legitimidad, escribió que “al emplearse el mecanismo excepcional para reemplazar la deliberación democrática, se suplanta la función de un poder constituido y se quebranta la separación de poderes en el que reposa el Estado social y democrático de derecho”. Considera que el decreto de emergencia revivió impuestos negados por el Congreso y, al hacerlo, está cometiendo un abuso de poder, lo que facultaría al alto tribunal para una intervención excepcional. En el mismo sentido han argumentado otras figuras, incluyendo a varios gobernadores del país.
Para entender el debate, no se puede olvidar el tipo de figura que la Corte Constitucional está en proceso de estudiar. Los decretos de emergencia fueron pensados por la Carta Política para responder a situaciones extraordinarias con medidas excepcionales. Están reglamentados de manera estricta para evitar abusos, pero incluyen herramientas poderosas porque comprenden la importancia de que el Ejecutivo responda de manera eficiente en tiempos de crisis. La revisión automática de constitucionalidad de la Corte es la salvaguardia para que no ocurran daños irreparables, y así se ha ejercido siempre. Decir que un decreto de emergencia puede suspenderse provisionalmente sería, en la práctica, quitarle por completo los dientes a la figura, desnaturalizando lo que la Constitución establece. Si un gobierno necesita responder a una emergencia y la Corte le dice que no lo puede hacer hasta su fallo, que suele tardar varios meses, entonces dejan de existir los decretos excepcionales.
Lo anterior no debe leerse como un apoyo irrestricto o sin reflexiones al gobierno Petro. Lo dijimos en su momento y lo repetimos: no hay hechos sobrevinientes que justifiquen este decreto, y la Casa de Nariño está haciendo un pésimo uso de la figura. Por eso es muy probable que la Sala Plena de la Corte Constitucional lo termine hundiendo. No obstante, ese proceso debe respetar las normas constitucionales y los procedimientos típicos del propio alto tribunal. Si no es así, el precedente que se crea sería muy dañino para la institucionalidad colombiana.
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