La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, llegó al cargo en medio de dudas sobre su independencia del uribismo y del gobierno del presidente Iván Duque. Ella prometió hacer una Procuraduría lejos de los juegos partidistas. Sin embargo, su primera gran decisión ha sido abrir indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por un trino en el cual se refiere a Álvaro Uribe Vélez y al uribismo. Ayer, la procuradora insistió en que no habrá persecución política y se escudó en la obligación de abrir indagación sobre todas las quejas, pero con el bombo mediático y con la amenaza de una posible decisión está enviando un mensaje peligroso. Como ocurrió con la amenaza en su momento del fiscal general, Francisco Barbosa, por una violación a la cuarentena que se exageró, resulta cuando menos incómodo ver cómo desde el Ministerio Público buscan desacreditar la reputación de una de las principales opositoras del Gobierno nacional. Así no se construye la confianza de los ciudadanos en la autonomía de las instituciones.
Claudia López es una alcaldesa incómoda para el Gobierno nacional y su partido. Como ostenta el segundo cargo del país, desde el principio se ha posicionado como un contrapeso a las decisiones de la Casa de Nariño. Además, históricamente, López hizo carrera denunciando los lazos entre la parapolítica y el uribismo. Como todos los funcionarios elegidos democráticamente en Colombia, tiene una inclinación ideológica y, por supuesto, tiene aliados y opositores naturales. Es la política.
Ahora un trino de la alcaldesa es motivo de investigación para la Procuraduría. Sin embargo, cuesta entender cuál es la utilidad pública de una eventual decisión en contra de la alcaldesa. López escribió: “Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”. ¿Dónde está el abuso de poder en esas líneas? ¿Está acaso movilizando la fuerza institucional de la Alcaldía para romper la igualdad de condiciones en las elecciones? ¿No es para evitar algo así que existe la norma, y no para impedir una opinión en una controversia política? ¿Deben entonces todos los alcaldes y gobernadores mantenerse en silencio ante el devenir político del país?
Ya hemos dicho en el pasado que los superpoderes de la Procuraduría están en larga espera de reforma. Pero incluso bajo las normas actuales, su capacidad de intervención y sanción tiene un propósito claro: que quien ostenta el poder de un cargo público no lo utilice para influir en época electoral. Eso no significa que los funcionarios no puedan tener opiniones ni que deban abstenerse de hacer declaraciones como la que hizo la alcaldesa. ¿Qué ocurre con la democracia cuando introducimos límites tan estrictos y caprichosos a la libertad de expresión?
Cabello dijo en Caracol Radio que “las quejas que se colocan en la Procuraduría deben ser atendidas y lo lógico es abrir una indagación preventiva”, y agregó que “no va a haber persecución política”. En efecto, todavía no hay decisión y la Procuraduría puede concluir que la queja es injustificada. Pero el anuncio mediático genera efectos. Peor aún, prende las alarmas por tener a una procuradora originaria del uribismo juzgando a una alcaldesa, opositora del Gobierno, por haberse referido a su movimiento político. En la larga lucha por blindar de legitimidad a las instituciones, este es otro golpe a ese objetivo.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, llegó al cargo en medio de dudas sobre su independencia del uribismo y del gobierno del presidente Iván Duque. Ella prometió hacer una Procuraduría lejos de los juegos partidistas. Sin embargo, su primera gran decisión ha sido abrir indagación contra la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por un trino en el cual se refiere a Álvaro Uribe Vélez y al uribismo. Ayer, la procuradora insistió en que no habrá persecución política y se escudó en la obligación de abrir indagación sobre todas las quejas, pero con el bombo mediático y con la amenaza de una posible decisión está enviando un mensaje peligroso. Como ocurrió con la amenaza en su momento del fiscal general, Francisco Barbosa, por una violación a la cuarentena que se exageró, resulta cuando menos incómodo ver cómo desde el Ministerio Público buscan desacreditar la reputación de una de las principales opositoras del Gobierno nacional. Así no se construye la confianza de los ciudadanos en la autonomía de las instituciones.
Claudia López es una alcaldesa incómoda para el Gobierno nacional y su partido. Como ostenta el segundo cargo del país, desde el principio se ha posicionado como un contrapeso a las decisiones de la Casa de Nariño. Además, históricamente, López hizo carrera denunciando los lazos entre la parapolítica y el uribismo. Como todos los funcionarios elegidos democráticamente en Colombia, tiene una inclinación ideológica y, por supuesto, tiene aliados y opositores naturales. Es la política.
Ahora un trino de la alcaldesa es motivo de investigación para la Procuraduría. Sin embargo, cuesta entender cuál es la utilidad pública de una eventual decisión en contra de la alcaldesa. López escribió: “Colombia no se rendirá ante el sistemático uso y abuso de poder de Uribe y del uribismo. Lo derrotará contundentemente en la ciudadanía y en las urnas”. ¿Dónde está el abuso de poder en esas líneas? ¿Está acaso movilizando la fuerza institucional de la Alcaldía para romper la igualdad de condiciones en las elecciones? ¿No es para evitar algo así que existe la norma, y no para impedir una opinión en una controversia política? ¿Deben entonces todos los alcaldes y gobernadores mantenerse en silencio ante el devenir político del país?
Ya hemos dicho en el pasado que los superpoderes de la Procuraduría están en larga espera de reforma. Pero incluso bajo las normas actuales, su capacidad de intervención y sanción tiene un propósito claro: que quien ostenta el poder de un cargo público no lo utilice para influir en época electoral. Eso no significa que los funcionarios no puedan tener opiniones ni que deban abstenerse de hacer declaraciones como la que hizo la alcaldesa. ¿Qué ocurre con la democracia cuando introducimos límites tan estrictos y caprichosos a la libertad de expresión?
Cabello dijo en Caracol Radio que “las quejas que se colocan en la Procuraduría deben ser atendidas y lo lógico es abrir una indagación preventiva”, y agregó que “no va a haber persecución política”. En efecto, todavía no hay decisión y la Procuraduría puede concluir que la queja es injustificada. Pero el anuncio mediático genera efectos. Peor aún, prende las alarmas por tener a una procuradora originaria del uribismo juzgando a una alcaldesa, opositora del Gobierno, por haberse referido a su movimiento político. En la larga lucha por blindar de legitimidad a las instituciones, este es otro golpe a ese objetivo.
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