Los peajes y el diésel deben subir de precio. Aunque los reclamos del gremio de transportadores son comprensibles, sus cálculos no corresponden a la realidad económica del país. No hay motivos para que los impuestos de los colombianos sigan subsidiando la gasolina de unos cuantos ni para que el dinero necesario para el mantenimiento de vías quede en entredicho. Las amenazas de quiebra parecen desmedidas: si el modelo de negocios no resiste pagar precios justos, es momento de ajustarlo. Ya que el Ministerio de Hacienda se está apretando el cinturón, debe continuar con una de las medidas más razonables en términos de manejo de la economía.
Estamos bajo amenaza de paro de transportadores. Hay dos razones. La primera es que los peajes acaban de subir en un 4,64 %, pues llevaban congelados un año y no han sido ajustados para responder a la inflación de 2023. Ese incremento, por cierto, es solo la mitad de lo que se necesita para que no haya déficit. La segunda razón es que el Gobierno Nacional viene repitiendo que es inminente el aumento de los precios del diésel, y que de hecho ya entró en vigencia una medida que lo incrementa para las empresas más grandes. Esto, dicen los transportadores, equivale a entrar en riesgo de quiebra.
Por ejemplo, en entrevista con RCN Radio, el presidente de la Cámara Intergremial de Transporte, Alfonso Medrano, utilizó términos apocalípticos. “Los transportadores no pueden asumir los costos que ellos (Gobierno) quieren porque va a ser la quiebra total del sector, siendo el motor de la economía en el país”, señaló. Y agregó una ilustración: “Si un empresario o generador de carga no me puede subir el valor del 60 % del diésel, yo no lo puedo asumir porque estaría quebrando. Entonces, ¿para qué mando mi camión cuando realmente no me van a pagar lo que voy a consumir?”.
Sin embargo, hay argumentos de peso para el ajuste. El más persuasivo lo da el hueco que produce el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC). Si el diésel no se toca, tendremos un déficit de $12 billones. Es decir, plata de los impuestos de los colombianos que se va en subsidiar el transporte. ¿Es esa la mejor manera de invertir los recursos públicos? ¿No sería preferible pagar el precio internacional, que los costos se ajusten a esa realidad y destinar el dinero a otros rubros más urgentes?
Sobre el temor a la inflación, las cuentas del Gobierno también apuntan a que su efecto no es tan directo como señalan los transportadores. En entrevista con El Espectador, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ofrece el raciocinio. “En el cálculo que tenemos, el aumento del precio del diésel en la inflación es diluido e indirecto (...) porque va a los costos del transportista, y en cuánto afecta eso el precio de lo que transporta. El imaginario de ellos ha llegado al punto de decir que el precio del huevo es 80 % diésel. Mejor dicho, las gallinas no comen: las gallinas solo se alimentan de diésel”. Más allá de la imagen vistosa, el análisis tiene sentido.
Lo mismo ocurre con los peajes. La suspensión del aumento a los precios hace insostenible el mantenimiento de las vías, además de que para las vías concesionadas eso hace parte de su financiación y, de nuevo, es un costo que los impuestos tienen que pasar a cubrir. Para garantizar una Colombia interconectada se necesitan recursos mínimos. Es, de nuevo, un principio realidad. Cuando la economía está tan apretada, hay que cuidar dónde se invierte. Tener los peajes bajos no es la forma de hacerlo sostenible.
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