En los afanes de un cierre de legislatura apresurado, el Congreso de la República dejó hundir la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se trata de una victoria para quienes sembraron desinformación contra el instrumento internacional y un incumplimiento del Gobierno Nacional a las promesas que hizo en la anterior conversación nacional a raíz de manifestaciones ciudadanas. En uno de los países que tiene más líderes sociales ambientales asesinados, el Legislativo se escuda en maniobras dilatorias para no avanzar en la protección de los derechos de todos los colombianos. La historia no termina aquí, pero lo ocurrido sirve de buen resumen para una Colombia polarizada e incapaz de llegar a consensos.
No hay razones para temerle al Acuerdo de Escazú. Varios congresistas y gremios se opusieron, acusándolo de ser una renuncia a la soberanía nacional y prendiendo las viejas alarmas de que tener más derechos ambientales representa un obstáculo al desarrollo económico. Ambas prevenciones son infundadas. ¿Cómo va a perder soberanía un Estado que ratifica mecanismos para que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos a un medio ambiente sano? ¿Qué clase de desarrollo económico, en este siglo XXI de emergencia climática y cambio de paradigma, puede existir sin serias consideraciones de sostenibilidad ambiental?
La realidad, en contraste, sí muestra la importancia de Escazú. Global Witness reportó 64 defensores del medio ambiente asesinadas en el 2019. Es decir, más de uno por semana. Colombia, además, es un espacio fundamental para el futuro del planeta: nuestros amplios recursos naturales son reserva y herramienta contra la emergencia climática. La revaluación de todos los proyectos extractivos y otras iniciativas que afecten el medio ambiente deben tener en cuenta esas características.
Ante eso, Escazú es un excelente tratado. No es improvisado, pues se viene negociando desde el 2014. Sus bondades han sido reconocidas hasta en espacios de desarrollo económico, como en el Banco Interamericano de Desarrollo, que les pidió a los Estados considerar el contenido del Acuerdo. El mismo presidente Iván Duque dijo, al anunciar su firma, que “este es uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. La firma del Acuerdo de Escazú nos ayudará a dar un paso cualitativo importante en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente”.
¿Y qué es lo que hace el Acuerdo? A grandes rasgos, se construye sobre tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental; además, busca fortalecer la protección de líderes ambientales. Esos fines loables con herramientas prácticas para cumplirlos no merecía el escándalo que se generó en buena parte entre miembros del partido del Gobierno.
El presidente Duque podría volver a presentar el Acuerdo para ratificación en la próxima legislatura. Ojalá así lo haga y el Congreso actúe. Pero si no, este debería ser un punto central en las campañas del año entrante. Colombia no puede seguir aplazando la protección de los derechos ambientales.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
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No hay razones para temerle al Acuerdo de Escazú. Varios congresistas y gremios se opusieron, acusándolo de ser una renuncia a la soberanía nacional y prendiendo las viejas alarmas de que tener más derechos ambientales representa un obstáculo al desarrollo económico. Ambas prevenciones son infundadas. ¿Cómo va a perder soberanía un Estado que ratifica mecanismos para que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos a un medio ambiente sano? ¿Qué clase de desarrollo económico, en este siglo XXI de emergencia climática y cambio de paradigma, puede existir sin serias consideraciones de sostenibilidad ambiental?
La realidad, en contraste, sí muestra la importancia de Escazú. Global Witness reportó 64 defensores del medio ambiente asesinadas en el 2019. Es decir, más de uno por semana. Colombia, además, es un espacio fundamental para el futuro del planeta: nuestros amplios recursos naturales son reserva y herramienta contra la emergencia climática. La revaluación de todos los proyectos extractivos y otras iniciativas que afecten el medio ambiente deben tener en cuenta esas características.
Ante eso, Escazú es un excelente tratado. No es improvisado, pues se viene negociando desde el 2014. Sus bondades han sido reconocidas hasta en espacios de desarrollo económico, como en el Banco Interamericano de Desarrollo, que les pidió a los Estados considerar el contenido del Acuerdo. El mismo presidente Iván Duque dijo, al anunciar su firma, que “este es uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. La firma del Acuerdo de Escazú nos ayudará a dar un paso cualitativo importante en el acceso a la información y a la protección del medio ambiente”.
¿Y qué es lo que hace el Acuerdo? A grandes rasgos, se construye sobre tres pilares: el acceso a la información ambiental, la participación ambiental y a la justicia ambiental; además, busca fortalecer la protección de líderes ambientales. Esos fines loables con herramientas prácticas para cumplirlos no merecía el escándalo que se generó en buena parte entre miembros del partido del Gobierno.
El presidente Duque podría volver a presentar el Acuerdo para ratificación en la próxima legislatura. Ojalá así lo haga y el Congreso actúe. Pero si no, este debería ser un punto central en las campañas del año entrante. Colombia no puede seguir aplazando la protección de los derechos ambientales.
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