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Si los exmiembros de las Farc siguen mintiendo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la única respuesta posible es que pierdan sus privilegios y sean juzgados con la pena más grave contenida en el Acuerdo de Paz. No contentos con sus constantes burlas al país y a las víctimas, ahora salen con la tesis ridícula de que era imposible conocer todos los atropellos que estaban realizando las tropas guerrilleras. Con esa lógica, quieren negar la verdad sobre el reclutamiento forzado y los múltiples casos de violaciones. Es decir, después de tantos años, sigue haciendo eco, en nuevas voces, el “quizás, quizás, quizás” de Jesús Santrich cuando le preguntaron sobre el reconocimiento de los múltiples crímenes de su organización.
La nueva ofensa al país vino desde Rodrigo Londoño Echeverry, Timochenko. Rindiendo versión libre ante la JEP, un personaje que ha sido esencial para la reconciliación y que en otros espacios se ha mostrado como razonable, optó por seguir negando las atrocidades de las Farc. Pese a haber sido el comandante de la guerrilla, Londoño dijo que él no tenía la capacidad de controlar lo que ocurría en cada frente. Es decir, que las violaciones, los abortos y los reclutamientos forzados no estaban bajo su control. No deja de ser curioso que su estrategia sea tan parecida a la de muchos políticos cuando estalla un escándalo sobre temas que deberían conocer: todo fue a sus espaldas o se acaban de enterar.
Lo propio dijo Pastor Alape, exjefe del bloque Magdalena Medio. En una comunicación dada a conocer por Blu Radio, el exguerrillero dijo que “sobre esas situaciones en particular no tengo ningún conocimiento porque no era parte de la política de la organización. Por lo tanto, no tengo registros de ese tipo de procedimientos”. Eso le hace eco a lo que dijo Sandra Ramírez, hoy segunda vicepresidenta del Congreso por el partido FARC, quien dijo: “Nosotros no teníamos una política de reclutamiento de menores (...) Los que estaban lo hacían de manera voluntaria”.
En contraste, Martín Vega, conocido como Rubín Morro, comentó que “con profunda tristeza me permito manifestar ante el pueblo colombiano que nos equivocamos y que el ingreso de menores a las filas guerrilleras fue un error político que hoy lamentamos y por el cual pedimos perdón a las víctimas”.
Lo curioso del cinismo de los ex-Farc es que, incluso cuando asumen responsabilidades, hablan de atrocidades como el reclutamiento forzado en términos de “un error político”. No, no fue solamente un error político. Fue un acto de vileza, de agresión contra el futuro de niños, niñas y adolescentes, de someterlos a una guerra cruel y poner en riesgo sus vidas. ¿Cómo es posible que la comandancia no sabía de los cerca de 16.000 menores reclutados? ¿Cómo se mantuvieron en secreto los abortos forzados? ¿Cómo nadie vio las violaciones que se han denunciado?
El Acuerdo de Paz prometió verdad, justicia y reparación. Los beneficios de la JEP se otorgan bajo el entendido de la colaboración con la justicia. Si los exguerrilleros insisten en dar versiones libres delirantes, esperamos que los magistrados actúen en consecuencia.
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