Sigue afectando la legitimidad de la elección del próximo contralor. Después de que la lista de 10 nominados había sido reparada por orden del Tribunal de Cundinamarca, el presidente del actual Senado, Roy Barreras, del Pacto Histórico, ordenó empezar de cero la confección de la lista. En sus argumentaciones habla de cumplir sentencias judiciales y darle más transparencia al proceso, pero lo que está logrando es sembrar aún más dudas ante una elección que venía viciada desde principios de año. Ya rondan rumores de interés indebido por favorecer a uno u otro candidato. No debería ser así.
Lo dijimos en este espacio: la conformación de la lista de 10 candidatos para reemplazar a Carlos Felipe Córdoba fue apresurada y un acto de intransigencia de la pasada mesa directiva del Congreso. La intención, impulsada también desde la Casa de Nariño, era dejar amarrada una lista de personas elegidas por el Congreso saliente y no el entrante. El resultado fue nefasto. Tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el Tribunal Superior de Medellín llegaron a la misma conclusión: la lista de candidatos no cumplía con la paridad de género. Por eso, el 16 de julio, la Comisión Accidental del Congreso se reunió, enmendó los errores y dio a conocer una lista de 10 candidatos.
El problema es que eso no parece ser suficiente para el Pacto Histórico. Como Karol Gómez, una de las candidatas, renunció a la lista, se convocó una Comisión Accidental. El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, consideraba que esa convocatoria era para reemplazar a Gómez, algo lógico. Pero el senador Barreras tenía otros planes: elegir otros 10 candidatos y empezar la lista de cero. Según Barreras, lo que debe hacer la Comisión Accidental es “darles las garantías a todos los aspirantes para que tengan clarísimas las condiciones y circunstancias, y los criterios que deben tener en cuenta los congresistas a la hora de calificar a los aspirantes”. Eso implica la elección de los nuevos candidatos por el Congreso que acaba de posesionarse. Todo para, según el presidente del Senado, respetar “los fallos de los jueces y garantizando los criterios de género y de mérito previamente conocidos por la opinión pública”.
No entendemos por qué si ya existía una lista de candidatos que cumplía lo solicitado por los tribunales, que había sido elegida legalmente y completado un proceso largo de calificación de capacidades de los nominados, ahora es necesario incluir nuevos nombres. Ramiro Bejarano, columnista de El Espectador, se preguntaba con suspicacia en Twitter: “¿Cómo así que la nueva mesa directiva del Congreso anula el acto administrativo de la Comisión Accidental que elaboró la lista de candidatos a contralor? Eso es una solución ilegal, el remedio no puede ser peor que la enfermedad”.
En la práctica, lo que va a ocurrir es más caos, más líos judiciales y que la persona eventualmente elegida llegue con un déficit de legitimidad preocupante. Las instituciones no pueden someterse a procesos caprichosos. La Contraloría, en crisis de reputación, merecía un proceso más transparente.
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