La decisión de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), permitiendo la integración de las aerolíneas Viva y Avianca, llega tarde, con condiciones que aún no es claro si Avianca aceptará, con muchas personas desconfiando del mercado aéreo colombiano y con varios procesos administrativos y penales contra el actuar irresponsable de Viva. Se entiende la decisión en sentido de arrojarle un salvavidas a una aerolínea de bajo costo que ha sido importante para muchos colombianos en sus 11 años de funcionamiento, incluyendo a sus trabajadores, pero queda el mal sabor de boca de presiones indebidas y relatos que han engañado a la opinión pública.
Después de que el año pasado la Aerocivil había negado la integración justificándose en la protección de la competencia, ese proceso se anuló por fallas de procedimiento y ahora concluyó con una decisión que la entidad cree salomónica: permitir la integración, pero con condiciones. La apuesta de la Aerocivil es que Viva pueda ser rescatada por el capital de Avianca, pero que las limitaciones impuestas no generen un actor todopoderoso en el mercado aéreo que, en la práctica, obstruya la competencia. Está por verse si eso se cumple. Al cierre de esta edición, Avianca no ha comunicado su decisión final sobre la integración, pero dejó entrever en un comunicado sus reparos: “Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades -red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que debe ser analizado al detalle”.
De la Aerocivil resaltamos tres condiciones: la obligación de reembolsar los tiquetes de vuelos cancelados por Viva, la devolución de turnos de aterrizaje y despegue en aeropuertos del país, especialmente en El Dorado, que son un recurso limitado y eran una de las principales preocupaciones de las otras aerolíneas, y exigir un límite al costo de los pasajes en las rutas donde Avianca y Viva quedan con el 100 % del mercado. Es clave que, si la integración procede en los términos planteados, las autoridades de vigilancia del Estado garanticen que estos condicionamientos se cumplan.
Ahora, independiente de esa discusión que aún no ha terminado, Colombia necesita que los procesos contra Viva sigan su rumbo. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene indicios graves de que las dos aerolíneas se habían integrado de facto antes de que la Aerocivil tomara una decisión y estaban coordinando operaciones, incluso para llegar a presionar al Gobierno. Avianca ha negado todo, por eso mismo es tan importante que la Superintendencia le cuente al país qué ocurrió.
También deben proceder las denuncias penales contra Viva, incluyendo la interpuesta por el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. En entrevista con El Espectador, el funcionario fue enfático al describir el desastre: “La denuncia penal los pone en evidencia de una operación con muchos visos de ilegalidad, están en curso tipos penales contra sus administradores y directivas. Una cantidad de aviones que tenían ya volvieron a manos de sus dueños. (...) La verdad es que dejó muy mal a los pasajeros, abandonados, sin respuesta, tirados a su suerte. Ellos simple y llanamente empacaron las maletas y se fueron”.
Necesitamos, entonces, respuestas. Esta conversación todavía tiene mucho camino por delante.
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