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Les tenemos una propuesta a los alcaldes y gobernadores de Colombia: impulsar una reforma para que sus períodos duren solo tres años y medio. Así no tienen que pasar por la vergüenza de renunciar y justificar su traición al electorado con maromas retóricas que no convencen a nadie y lo único que logran es afectar la legitimidad de la democracia. Ahora el turno de martirizarse le correspondió a Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, quien se arrojó a las calles para impulsar a los candidatos de su partido, Fuerza Ciudadana. Esto, por supuesto, mientras mantiene su ineludible influencia en la administración departamental, lo que nos arroja de nuevo en una crisis institucional conocida: ¿cómo controlar la indebida incidencia de quienes ostentan el poder en las elecciones?
Lo dijimos hace unos días con la renuncia de Daniel Quintero a la Alcaldía de Medellín y ahora debemos repetirlo con la situación análoga de Caicedo. Cualquier renuncia a un cargo de elección popular es una traición al electorado, a las promesas de campaña, a la institucionalidad y a la democracia misma. También muestra que los funcionarios no comprendieron su deber de representar a todos los ciudadanos, no solo a quienes votaron por ellos. En últimas, es un intento por perpetuarse en el poder y saltarse las normas de no participación en política que existen para evitar los desequilibrios. No hay que darle muchas vueltas al asunto para comprender lo que ocurre: la sed de victoria electoral lleva a la “jugadita”, que es un pésimo precedente.
“Renuncio para defender nuestras ideas políticas, para no darles paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento”, escribió el exgobernador Caicedo en su carta de renuncia. Agregó que se va “porque ya las palabras no son suficientes y es preciso demostrar con hechos lo que somos y lo que queremos”. Es una extraña idea: ¿acaso hay hecho más elocuente que cumplir con el tiempo estipulado por la ley? ¿Gobernar cae dentro de “solo palabras”?
Defendiendo la decisión de Caicedo, el exalcalde Quintero agregó un curioso argumento a la discusión. En su cuenta de X, escribió que “los que no tienen escrúpulos son los que (intervienen en política) desde sus cargos y con recursos públicos. Gobernadores y cientos de alcaldes lo están haciendo a esta hora en todo el país”. Estamos parcialmente de acuerdo con lo planteado. Es cierto que hay funcionarios que utilizan su poder de manera poco solapada para influenciar las elecciones. Sin embargo, la solución no es crear el espejismo de respeto a la ley con las renuncias. Lo que necesitamos es un respeto por la institucionalidad y por los cargos públicos, junto con una Procuraduría que haga su trabajo de vigilancia.
El caso de Caicedo muestra la incoherencia de esta postura. Su reemplazo es Denis Rangel Lozano, quien era la secretaria de Hacienda en la gobernación de Caicedo. ¿Cómo creer que el exgobernador no seguirá mandando en la sombra? ¿Cómo garantizar la igualdad de condiciones en la contienda electoral? Habría sido mejor si desde un principio el período de mandato hubiera sido de tres años y medio.
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