¿Por qué siguen sin poder adoptar?
¿De verdad la Procuraduría está pensando en los derechos de los niños? Parece, más bien, que no ha podido lidiar con sus ideas homofóbicas sobre la familia.
El Espectador
El caso emblemático de adopción homoparental en Colombia sigue sin llegar a un justo final feliz. Pese a que la Corte Constitucional, después de darle largas al asunto por varios años, decidió en agosto de 2014 conceder el derecho de adoptar a Verónica Botero y Ana Léiderman, el proceso está suspendido desde marzo de 2015. La culpa es de la Procuraduría y varios funcionarios regionales que disfrazan sus prejuicios con argumentos rebuscados. Es una situación lastimosa para el país.
Léiderman y Botero se convirtieron en dos de los rostros más visibles del movimiento por los derechos LGBTI tras su decisión de dar a conocer todas las trabas insensatas que estaban enfrentando. Botero quiere adoptar legalmente a los dos hijos biológicos de Léiderman. La pareja los tuvo juntas, pero fue Léiderman quien llevó el embarazo gracias a un donante de esperma. La adopción del hijo biológico de la pareja y la donación de semen son dos procesos legales en el país. Sin embargo, y pese a haber probado su idoneidad más allá de lo usualmente exigido, a esta fecha, siete años después del inicio del proceso, Botero no ha sido reconocida como madre legal de los menores. Un proceso de adopción suele tardar 125 días.
En la sentencia de 2014, la Corte Constitucional estableció que “la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente” la petición de la adopción. El año pasado el tribunal fue más allá y dijo que la adopción homoparental está permitida sin importar si los adoptados son hijos biológicos de algún miembro de la pareja. Por contundentes y sabias, recordamos las palabras de María Victoria Calle, presidenta de la Corte, en su momento: “impedir que un niño tenga una familia fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja representa una restricción inaceptable de los derechos del niño”. Más claro, imposible.
¿Por qué, entonces, no se ha terminado el proceso de adopción de Léiderman y Botero? Dos procuradoras delegadas presentaron un recurso contra el proceso argumentando que los menores conocen al donante de semen y tienen un vínculo con él, por lo que se les estarían vulnerando sus derechos a la personalidad jurídica y la filiación. Un argumento ridículo y cruel. Independientemente de si los menores conocen o no al donante, esa información no es en lo más mínimo relevante. ¿Acaso las parejas heterosexuales infértiles no acuden a personas de confianza cuando quieren hacer un proceso similar?
Lamentablemente, el recurso fue suficiente para que una defensora de familia ordenara la suspensión del trámite y presentara una demanda de filiación extramatrimonial. Es decir, están intentando que se reconozca al donante como el padre legítimo de los menores. Faltaba más. Si algo así prospera, el precedente para todos los donantes de semen, que con ello ayudan a muchas familias, sería nefasto. No están midiendo las consecuencias de su lucha prejuiciosa.
Y en efecto, quienes al final se ven más afectados son los hijos de la pareja. Como Botero no es reconocida como madre, eso significa que, si algo le llegare a pasar a Léiderman, ella no podría ejercer la patria potestad. Todos los otros beneficios que se desprenden de la relación filial tampoco serían aplicables. ¿De verdad la Procuraduría está pensando en los derechos de los niños? Parece, más bien, que no ha podido lidiar con sus ideas homofóbicas sobre la familia. Inaceptable.
Ojalá el proceso se destrabe pronto y las instituciones empiecen a reconocer, por fin, que Colombia es un país con pluralidad de familias y que reconocerlas es proteger los derechos de los menores.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.
El caso emblemático de adopción homoparental en Colombia sigue sin llegar a un justo final feliz. Pese a que la Corte Constitucional, después de darle largas al asunto por varios años, decidió en agosto de 2014 conceder el derecho de adoptar a Verónica Botero y Ana Léiderman, el proceso está suspendido desde marzo de 2015. La culpa es de la Procuraduría y varios funcionarios regionales que disfrazan sus prejuicios con argumentos rebuscados. Es una situación lastimosa para el país.
Léiderman y Botero se convirtieron en dos de los rostros más visibles del movimiento por los derechos LGBTI tras su decisión de dar a conocer todas las trabas insensatas que estaban enfrentando. Botero quiere adoptar legalmente a los dos hijos biológicos de Léiderman. La pareja los tuvo juntas, pero fue Léiderman quien llevó el embarazo gracias a un donante de esperma. La adopción del hijo biológico de la pareja y la donación de semen son dos procesos legales en el país. Sin embargo, y pese a haber probado su idoneidad más allá de lo usualmente exigido, a esta fecha, siete años después del inicio del proceso, Botero no ha sido reconocida como madre legal de los menores. Un proceso de adopción suele tardar 125 días.
En la sentencia de 2014, la Corte Constitucional estableció que “la condición de homosexual de la pareja adoptante no puede ser fundamento para resolver negativamente” la petición de la adopción. El año pasado el tribunal fue más allá y dijo que la adopción homoparental está permitida sin importar si los adoptados son hijos biológicos de algún miembro de la pareja. Por contundentes y sabias, recordamos las palabras de María Victoria Calle, presidenta de la Corte, en su momento: “impedir que un niño tenga una familia fundándose para ello únicamente en la orientación sexual o el sexo de una persona o de una pareja representa una restricción inaceptable de los derechos del niño”. Más claro, imposible.
¿Por qué, entonces, no se ha terminado el proceso de adopción de Léiderman y Botero? Dos procuradoras delegadas presentaron un recurso contra el proceso argumentando que los menores conocen al donante de semen y tienen un vínculo con él, por lo que se les estarían vulnerando sus derechos a la personalidad jurídica y la filiación. Un argumento ridículo y cruel. Independientemente de si los menores conocen o no al donante, esa información no es en lo más mínimo relevante. ¿Acaso las parejas heterosexuales infértiles no acuden a personas de confianza cuando quieren hacer un proceso similar?
Lamentablemente, el recurso fue suficiente para que una defensora de familia ordenara la suspensión del trámite y presentara una demanda de filiación extramatrimonial. Es decir, están intentando que se reconozca al donante como el padre legítimo de los menores. Faltaba más. Si algo así prospera, el precedente para todos los donantes de semen, que con ello ayudan a muchas familias, sería nefasto. No están midiendo las consecuencias de su lucha prejuiciosa.
Y en efecto, quienes al final se ven más afectados son los hijos de la pareja. Como Botero no es reconocida como madre, eso significa que, si algo le llegare a pasar a Léiderman, ella no podría ejercer la patria potestad. Todos los otros beneficios que se desprenden de la relación filial tampoco serían aplicables. ¿De verdad la Procuraduría está pensando en los derechos de los niños? Parece, más bien, que no ha podido lidiar con sus ideas homofóbicas sobre la familia. Inaceptable.
Ojalá el proceso se destrabe pronto y las instituciones empiecen a reconocer, por fin, que Colombia es un país con pluralidad de familias y que reconocerlas es proteger los derechos de los menores.
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.