Sin censo para el campo

La última versión del Presupuesto General de la Nación para 2013 confirmó estos temores: ha retirado del censo el 80% del presupuesto, avocándolo a su aplazamiento hasta 2014 —año de elecciones presidenciales— o, en el peor de los casos, a su cancelación. El Gobierno ha decidido, pues, prescindir de uno de sus insumos fundamentales para políticas públicas agropecuarias y de desarrollo rural, en un momento decisivo para el futuro del campo colombiano, justo cuando en La Habana se comienza esta semana a negociar el mismo con las Farc.

Colombia no hace un censo agropecuario desde hace 42 años. La última imagen completa del campo que tiene el Estado es de un país rural que ya no existe, el de 1970. Según ese retrato, el 43% de la población colombiana vivía en el campo; hoy es el 21%. El PIB agropecuario era 25,3% del total; hoy es sólo 6,6%. El café reinaba en un campo eminentemente agropecuario, en tanto que hoy tenemos una agricultura diversificada y la actividad económica rural se ha extendido para incluir minería y turismo en proporciones importantes. Y ni hablar de la evolución en la tenencia de la tierra y los problemas de orden público. El retrato, en resumen, ya no sirve. Y en esa nebulosa, vale preguntarse cómo se hace planeación de las políticas agropecuarias, sociodemográficas y de desarrollo rurales.

¿De qué viven los habitantes del campo? ¿Qué servicios del Estado necesita la población rural? ¿Cómo generar mejor crecimiento rural equitativo? Estas son preguntas estructurales que se tornan particularmente acuciantes ante los flujos de inversión rural que están llegando, cuyo efecto social ya se hace sentir en poblaciones de La Guajira, Meta, Urabá y Córdoba, por nombrar sólo algunas. Es peligroso, y muy poco democrático, que el Ministerio de Agricultura tenga que sentarse a decidir políticas agropecuarias ateniéndose a la información que proveen los mismos gremios interesados, o que tenga que negociar y avalar tratados de libre comercio sin conocer sus propias fortalezas, debilidades, potenciales y necesidades. Según el Ministerio de Comercio, hemos suscrito en los últimos 10 años nueve tratados de libre comercio y hay siete más en negociación. Podemos suponer que los gremios agropecuarios estarán atentos a poner de presente sus preocupaciones, pero ¿dónde queda la voz de la población rural?

La coyuntura actual hace aún más aguda la necesidad de un nuevo retrato del campo. Los avances en medición de la pobreza nos muestran que los índices de pobreza rural son una vez y media los urbanos y que la cobertura de servicios del Estado fuera de las ciudades es bastante inferior a la de las cabeceras. A pesar de eso, las políticas sociales tienen en su mayoría un foco urbano. No podría ser distinto, dado que un diseño de políticas para lo rural requiere información que está incompleta. Merece crédito el Gobierno por dar pasos importantes en la dirección correcta en el Plan Nacional de Desarrollo e incluir al agro entre sus locomotoras, pero necesita redondear la tarea. El trámite y la eventual reglamentación de la Ley de Desarrollo Rural, la restitución de tierras y las incipientes negociaciones de paz —cuyo primer punto de agenda es el campo— son procesos críticos que tendrían en un censo agropecuario una base de información invaluable.

Ante estas consideraciones estructurales y coyunturales, la gran pregunta es: ¿por qué ha decidido el Gobierno aplazar el Censo Nacional Agropecuario, después de haberlo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué consideraciones justifican prescindir de una imagen actual y objetiva del campo colombiano, justo cuando estamos en la tarea de repensarlo?

La última versión del Presupuesto General de la Nación para 2013 confirmó estos temores: ha retirado del censo el 80% del presupuesto, avocándolo a su aplazamiento hasta 2014 —año de elecciones presidenciales— o, en el peor de los casos, a su cancelación. El Gobierno ha decidido, pues, prescindir de uno de sus insumos fundamentales para políticas públicas agropecuarias y de desarrollo rural, en un momento decisivo para el futuro del campo colombiano, justo cuando en La Habana se comienza esta semana a negociar el mismo con las Farc.

Colombia no hace un censo agropecuario desde hace 42 años. La última imagen completa del campo que tiene el Estado es de un país rural que ya no existe, el de 1970. Según ese retrato, el 43% de la población colombiana vivía en el campo; hoy es el 21%. El PIB agropecuario era 25,3% del total; hoy es sólo 6,6%. El café reinaba en un campo eminentemente agropecuario, en tanto que hoy tenemos una agricultura diversificada y la actividad económica rural se ha extendido para incluir minería y turismo en proporciones importantes. Y ni hablar de la evolución en la tenencia de la tierra y los problemas de orden público. El retrato, en resumen, ya no sirve. Y en esa nebulosa, vale preguntarse cómo se hace planeación de las políticas agropecuarias, sociodemográficas y de desarrollo rurales.

¿De qué viven los habitantes del campo? ¿Qué servicios del Estado necesita la población rural? ¿Cómo generar mejor crecimiento rural equitativo? Estas son preguntas estructurales que se tornan particularmente acuciantes ante los flujos de inversión rural que están llegando, cuyo efecto social ya se hace sentir en poblaciones de La Guajira, Meta, Urabá y Córdoba, por nombrar sólo algunas. Es peligroso, y muy poco democrático, que el Ministerio de Agricultura tenga que sentarse a decidir políticas agropecuarias ateniéndose a la información que proveen los mismos gremios interesados, o que tenga que negociar y avalar tratados de libre comercio sin conocer sus propias fortalezas, debilidades, potenciales y necesidades. Según el Ministerio de Comercio, hemos suscrito en los últimos 10 años nueve tratados de libre comercio y hay siete más en negociación. Podemos suponer que los gremios agropecuarios estarán atentos a poner de presente sus preocupaciones, pero ¿dónde queda la voz de la población rural?

La coyuntura actual hace aún más aguda la necesidad de un nuevo retrato del campo. Los avances en medición de la pobreza nos muestran que los índices de pobreza rural son una vez y media los urbanos y que la cobertura de servicios del Estado fuera de las ciudades es bastante inferior a la de las cabeceras. A pesar de eso, las políticas sociales tienen en su mayoría un foco urbano. No podría ser distinto, dado que un diseño de políticas para lo rural requiere información que está incompleta. Merece crédito el Gobierno por dar pasos importantes en la dirección correcta en el Plan Nacional de Desarrollo e incluir al agro entre sus locomotoras, pero necesita redondear la tarea. El trámite y la eventual reglamentación de la Ley de Desarrollo Rural, la restitución de tierras y las incipientes negociaciones de paz —cuyo primer punto de agenda es el campo— son procesos críticos que tendrían en un censo agropecuario una base de información invaluable.

Ante estas consideraciones estructurales y coyunturales, la gran pregunta es: ¿por qué ha decidido el Gobierno aplazar el Censo Nacional Agropecuario, después de haberlo incluido en el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué consideraciones justifican prescindir de una imagen actual y objetiva del campo colombiano, justo cuando estamos en la tarea de repensarlo?