Sin excusas

Restrepo, quien no deja de ocupar titulares —y con razón—, es todavía, hasta el momento de escribir estas líneas, un evasor de la justicia.

La jueza fue más allá de la simple revocación del fallo. Agregó que en el asunto del Cacica la Gaitana no estamos ante una falsa desmovilización, sino que apenas hubo “unos colados”, que no hay pruebas lo suficientemente contundentes y que, por lo tanto, no puede enviarse a los investigados a la cárcel basándose en conjeturas. Además de ello, la jueza dijo que el testimonio de Salvatore Mancuso, uno de los principales y el que dio lugar a presumir la falsedad de toda la desmovilización, es una retaliación suya contra el Gobierno Nacional. Muy lejos fue esta funcionaria en su declaración, tal vez más allá de donde era necesario.

Sin embargo, de su mensaje y su actuación quedan, al menos, tres conclusiones claras. La primera es la contundencia con la que la jueza reafirma que en Colombia sí existen garantías para juzgar a Restrepo y, por extensión, a cualquier funcionario del pasado gobierno. Segunda, que es apenas natural —y no una persecución— que se investigue a quienes, como el excomisionado Restrepo, hayan estado presuntamente inmiscuidos en delitos, pero a la vez, que el hecho de que se investigue no significa que se le haya condenado de antemano. Y tercera, como lo hemos mencionado infinidad de veces en este espacio editorial, que las medidas de aseguramiento en este país han tenido en muchas ocasiones un uso desmedido, inapropiado, que no se justifica.

La tercera parte —la más importante, quizá— de la decisión de la jueza Rodríguez es el llamado que ha hecho a Restrepo para que regrese al país. Para que encare la justicia que lo investiga. Y que así como tuvo la osadía de cuestionar a la fiscal general de entonces, Viviane Morales, a través de la denuncia a destiempo de los supuestos delitos cometidos por su esposo Carlos Alonso Lucio (en hechos de hace seis años), para provocar presión mediática sobre una supuesta falta de garantías, ahora que esa excusa ha quedado desvirtuada venga a rendir las cuentas por las que se le requiere. No se le pide nada más. No se le está condenando de antemano, ni mucho menos. Es una simple, pero necesaria, investigación. Colombia quiere la verdad. Y la merece. Él también.

Esta decisión que tomó el viernes la jueza de conocimiento es, ni más ni menos, una prueba fehaciente de que en este país los acusados sí cuentan con todas las garantías posibles. De que en la justicia colombiana se cumplen las etapas procesales que requiere un proceso justo. Que si alguien se excede en algún momento procesal —si es que, como ha dicho la jueza, la Fiscalía lo hizo— existen otras etapas en la valoración de la acusación que pueden dejar sin piso un posible exceso. Basta con revisar la decisión, palabra por palabra, para darnos cuenta de esta verdad tan evidente que muchos han negado con la peregrina tesis conspirativa de una supuesta “venganza criminal”.

A Restrepo, por supuesto, le deseamos un caso pulcro, sin polarización, que llegue a la verdad total. Pero para eso hace falta no sólo que llegue al país, sino que sepa, si es el caso, controvertir las pruebas, acudir a otras instancias, sin fabricar excusas para evadir a la justicia. Para eso existe un arreglo institucional en ella, que el viernes ha quedado comprobado que cumple con las garantías necesarias y justas.