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Doscientas familias desplazadas del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Mesetas (Meta) son la síntesis de las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y quienes defienden el Acuerdo de Paz de La Habana. Pese a que se esperaba que con la llegada de la administración de izquierda a la Casa de Nariño lo pactado iba a recibir un impulso considerable, las últimas semanas fueron de críticas y denuncias por la lentitud y a veces negligencia del Gobierno en el tema. Las declaraciones del alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sobre lo ocurrido en Mesetas son una frustración más en el difícil camino del cumplimiento del Acuerdo.
Esta semana el presidente Gustavo Petro se reunió con el expresidente Juan Manuel Santos y después con los congresistas Rodrigo Londoño y Julián Gallo, y con el delegado de Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape. Ambos encuentros parecen haber cumplido el objetivo de reducir las tensiones, pues Londoño dijo: “Salimos satisfechos de la reunión que acabamos de sostener con el presidente. Notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz”. Además, ayer el director del Fondo Colombia en Paz, Camilo Cetina, anunció una inversión de $500.000 millones para los municipios del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, así como un $1 billón para la sustitución de cultivos. El mensaje desde la Casa de Nariño, entonces, es claro.
La pregunta es si será suficiente. Mientras el proyecto de la paz total está en crisis por la violencia del Clan del Golfo y los escándalos que lo rodean, los excombatientes de las Farc siguen siendo perseguidos. En enero de este año, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia dijo que desde 2016 van 355 de ellos asesinados. Eso se unió a lo que ocurrió en Mesetas, donde las 200 familias desplazadas denunciaron amenazas de las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor, que son lideradas por Iván Mordisco. Cayó muy mal que el alto comisionado para la Paz dijera que “los firmantes de la paz han decidido salir a buscar un territorio para establecer un ETCR”. El senador Londoño tuvo que corregirlo: “Es un desplazamiento forzado de 200 familias causado por las amenazas de un grupo armado y la incapacidad del Estado para protegerlas”.
Lo que se percibe es una mezcla de falta de voluntad política y desorganización. Aunque en el discurso el Gobierno ha declarado su compromiso con el Acuerdo de Paz, las prioridades parecen estar en sus propios procesos, lo que es un error estratégico. Si se continúa con la displicencia a lo pactado que vimos durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque, el Estado colombiano incumplirá sus promesas, con las consecuencias nefastas que eso implica. A los excombatientes los están matando y persiguiendo en medio de la crisis de seguridad del país. Apostarle a la paz implica implementar lo pactado, que no lo olviden en la Casa de Nariño.
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